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¡Alerta Sanitaria en Urabá-Darién! Cierre Fronterizo Panameño desencadenaría bomba de tiempo epidemiológica
La Defensoría del Pueblo desarrolló un modelo analítico prospectivo sobre la vulneración de derechos humanos, ante el cierre terrestre de la frontera colombo-panameña hecho por el país centroamericano en varios pasos del Tapón del Darién.
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El estudio se centró en Carepa, Necoclí, Arboletes, Turbo, San Juan de Urabá, Apartadó y San Pedro de Urabá, en Antioquia, Acandí y Unguía, en Chocó, municipios que forman parte del Urabá-Darién, subregión que tiene alrededor de 480.000 habitantes, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).
De acuerdo con el modelo analítico prospectivo, si los cierres fronterizos provocaran la permanencia de un 10% a un 20% de la población migrante en la subregión del Urabá-Darién, en un lapso de seis meses a un año los municipios que tendrían un mayor incremento de esa población serían San Juan de Urabá, con 5713 (2.9%); Arboletes, con 3400 (2.0%), y San Pedro de Urabá, con 3230 (1.9%).
Sobre la vulneración del derecho a la salud, los registros del Sistema Visión Web, de la Defensoría revelaron que el derecho esencial a la salud ha sido uno de los más vulnerados en esa zona. Se evidencia que se podría registrar un incremento en la propagación de enfermedades y dificultades en la red hospitalaria para atenderlas.
El área de influencia de la subregión Urabá-Darién presentaría un posible aumento en la tasa de contagio de sífilis congénita, con un 5.7%; de chikunguña y dengue, 5.2%, y de leptospirosis, 4.7%, por cada 1000 habitantes.
Igualmente, se identificó una brecha entre el número de camas hospitalarias requeridas, de acuerdo con el indicador de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y la cantidad real de camas instaladas en cada uno de los pueblos analizados en los dos departamentos.
En el escenario descrito, Antioquia tendría los municipios con las mayores brechas, pues Turbo requeriría 461 camas, cuando solo tiene 100 instaladas; Apartadó necesitaría 451 camas, sin embargo, cuenta con 291 instaladas, y Carepa, que tiene 56 instaladas, debería tener 179. Es importante señalar que, ante una complicación de las enfermedades mencionadas, los pacientes requerirían hospitalización.
La materialización de las restricciones en la subregión podría desencadenar una crisis humanitaria, afectando especialmente la salud pública, por lo que es crucial abordar las problemáticas de manera integral y con un enfoque humanitario.