"Chipi Chipi" habría arrollado a dos motociclistas en estado de embriaguez

Las autoridades del municipio de Rionegro - Antioquia confirmaron que el arquero de Atlético Nacional, Harlen Castillo, dio positivo en la prueba de alcoholemia luego de arrollar, al parecer, a dos motociclistas en el oriente del departamento 

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Según el Duberney Pérez, Subsecretario de Movilidad de Rionegro, los hechos se habrían registrado el la madrugada del pasado  6 de noviembre, cuando, al parecer, el deportista conducía una camioneta en el sector conocido como Zona E. El funcionario manifestó que el deportista se le practicó la correspondiente prueba de embriaguez cuyo resultado fue grado uno. Las dos personas lesionadas fueron trasladada a un centro asistencial y dadas de alta al día siguiente.

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La secretaría de movilidad de Rionegro señalo que por le momento se rinde los dos preciso contravencionales en la dependencia. Aseguró el subsecretario que tanto el accidente como el conducir en estado de alicoramiento son analizados por la dependencia 

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n juez de control de garantías de Medellín impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra del fiscal local de la Unidad de Intervención Temprana de la Seccional Medellín, Nicolás Antonio Sánchez Rodríguez, de 58 años, como presunto responsable de los delitos de prevaricato por acción, prevaricato por omisión y concusión, en concurso homogéneo y sucesivo.  

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Según la investigación adelantada, entre mayo y septiembre de este año, el procesado habría exigido y recibido dinero, a cambio de la supuesta agilización de los procesos que adelantaba en su despacho. El primer hecho habría ocurrido entre mayo y julio de este año, cuando el servidor público, al parecer, recibió en varios pagos la suma de 3 millones de pesos, producto de la exigencia ilícita a un hombre de 70 años, para que llegara a buen término una denuncia que había instaurado por ser víctima de una estafa.  

Las labores de policía judicial permitieron establecer que el mismo día en que el que el hombre de la tercera edad le habría consignado la primera cuota de un millón de pesos, el fiscal archivó la investigación de manera arbitraria y sin fundamento jurídico.  

El segundo caso sucedió en septiembre de este año, cuando el funcionario habría contactado a otra víctima de estafa y luego de identificarse como el titular del proceso, le solicitó entre uno y dos salarios mínimos legales mensuales vigentes para agilizar los procesos investigativos.  

En esta oportunidad la víctima no pagó y puso el hecho en conocimiento de la Fiscalía. También se evidenció que un mes después, Sánchez Rodríguez, al parecer, contactó a dos hermanos para solicitarles la suma de 3 salarios mínimos legales para trabajar con mayor celeridad en una denuncia que habían interpuesto, también por el punible de estafa. En esta ocasión tampoco hubo pago de dinero.