Continúa la audiencia sobre asesinatos presentados como bajas en combate por el Gaula de Rionegro

En Medellín se llevó a cabo la segunda jornada de la audiencia de aporte de verdad y seguimiento al régimen de condicionalidad, en la que comparecientes que integraron el Gaula Rionegro hicieron sus aportes de verdad y reconocimientos de responsabilidad por hechos de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate. 

Esta es la quinta audiencia donde los máximos responsables han estado entregando la verdad plena y reconociendo su responsabilidad en estos crímenes, de acuerdo con su nivel de responsabilidad deberán reparan a las víctimas y garantía de no repetición, aseguró el magistrado de la Sala de Definición de Reconocimiento, Pedro Elías Díaz Romero. 

El compareciente Carlos Alberto Manios, exintegrante del Gaula Rionegro, habló sobre el asesinato de Maicol Losada y Mario Andrés Arboleda.  “El primero Uribe Bueno nos dio la orden. Nos dijo que iban a pasar como bajas, pero, pues, en realidad eran asesinatos”, reconoció Manois ante la JEP. 

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Manios recuerda que siete días antes sus superiores del Ejército le dijeron que él debía “aportar el granito de arena” para tener “más resultados”.  Manois aseguró que disparó a uno de los jóvenes, y que luego disparó al aire para simular un combate. “Me presté para este asesinato”, reconoció en la audiencia.

Hay que mencionar que 10 exmiembros del Ejército Nacional, ya había comparecido desde el mes de octubre de 2023, en la primera audiencia y luego otros seis oficiales y suboficiales, donde investigadores pudieron establecer más de 12 hechos víctimizantes que dejaron 14 víctimas.  

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De acuerdo con el magistrado, este espacio permite a las víctimas tener frente a frente a los perpetradores y hacer consultas sobre sus familiares.  

Los comparecientes deberán hacer sus aportes a la verdad como requisito de la Justicia Transicional Restaurativa que les permita resolver su situación jurídica de forma definitiva, es decir que se les otorgue el beneficio de la renuncia a la persecución penal, que es un beneficio de la JEP para no máximos responsables de graves crímenes que implica, entre ellos está la extinción de la responsabilidad y la sanción penal y la eliminación de antecedentes judiciales.