ELN estaría detrás de intimidaciones en tres subregiones: Gobernación de Antioquia

A propósito de la entrega del informe de la Defensoría del Pueblo que da cuenta de los once territorios más afectados por la violencia a nivel nacional por cuenta de el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc, la Gobernación de Antioquia reiteró el cartel de los cabecillas más buscados del ELN en el departamento.  

Serían cuatro los cabecillas del frente de Guerra Darío Ramírez Castro por los que el departamento entrega una recompensa de hasta $400 millones.  

Ellos son alias ‘Mara’, cabecilla subregión Bajo Cauca, alias ‘Munguía’, cabecilla subregión Nordeste, alias ‘Omar’ o ‘Casinga’ cabecilla principal y alias ‘Nelson’ o ‘Calvo’ cabecilla subregión Bajo Cauca.  

Lea también: Mujer denuncia ser víctima de negligencia por parte de la Nueva EPS en Medellín: Asegura estar en riesgo de perder un riñón

Igualmente, la Gobernación estará una recompensa de hasta $100 de pesos por los cabecillas: alias ‘Carrito’, cabecilla Frente Resistencia Guamacó, alias ‘Chemo’, cabecilla Compañía Móvil Anorí, alias ‘Nataly’ o ‘La Mona’, cabecilla Frente Capitán Mauricio y alias ‘Dilan’ cabecilla Frente Héroes y Mártires Anorí.   

De acuerdo con la Defensoría, en los municipios del Norte de Antioquia se han presentado enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las disidencias al mando de alias Calarcá Córdoba, lo que ha generado el confinamiento y desplazamiento forzado de al menos 135 personas y homicidios selectivos de seis civiles.  

Igualmente, en el Bajo Cauca antioqueño se presenta una disputa entre el Clan del Golfo y las disidencias al mando de 'Calarcá Córdoba'.

Lea también: Confirman la captura de alias “Cheo”, presunto cabecilla de “Los Mexicanos” en Chocó

Estas ochos personas son buscadas por delitos como homicidio, rebelión, concierto para delinquir y extorsión. La Gobernación pide a la ciudadanía denunciar la ubicación de estas personas a través de la línea de emergencia 123 .   

La Defensoría del Pueblo urge a las autoridades nacionales y locales a implementar acciones inmediatas que prioricen la protección de las comunidades afectadas y solicitan a la comunidad internacional mantener y fortalecer su apoyo a las iniciativas humanitarias y exigir el respeto a los derechos de las personas y comunidades en riesgo.