Gobernador de Antioquia se comprometió a analizar propuestas del alcalde para financiar la seguridad en el departamento
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, aseguró este martes 26 de noviembre que tuvo un encuentro con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez para explorar alternativas de recaudo para financiar la seguridad del departamento.
Este anuncio se da luego de la polémica que se ha generado entre partido políticos, gremios y líderes que están en oposición a la propuesta del gobernador de Antioquia de gravar con un impuesto la tarifa de servicios públicos para recoger cerca de un billón de pesos para financiar proyectos de seguridad en el departamento.
El gobernador aseguró que, tanto él cómo el alcalde de Medellín le dan importancia a la seguridad como valor democrático y por eso juntos revisarán alternativas para el recaudo de la tasa.
"Él y yo tenemos una conversación respetuosa y activa sobre la forma en que podría recaudarse la tasa y estamos mirando alternativas distintas a las propias que podrían embarcar a EPM".
Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, indicó que, está de acuerdo en la necesidad de recaudar recursos para financiar la seguridad del departamento, pero no se debe hacer por la vía de un incremento al servicio de energía eléctrica.
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"Eso se lo he expresado al señor gobernador, yo no estoy de acuerdo con es; además como alcalde y presidente de la Junta Directiva de EPM no estoy de acuerdo con que se haga ese cobro y EPM ya ha sido clara frente al tema jurídico", aseguró Fico.
Por otro lado, la Asamblea de Antioquia frenó el primer debate sobre una tasa a los servicios públicos para destinar recursos a la seguridad en el departamento.
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El diputado Luis Peláez radicó un documento argumentando que hay pruebas que demuestran que los diputados Luis Gabriel Gómez Grisales y Carlos Humberto García Velázquez tendría un conflicto de intereses. Según el diputado, el recurso se da porque una empresa cervecera habría donado cerca de $600 millones al Centro Democrático en 2023 y los diputados, que a recibieron recursos del partido, estarían impedidos.
El recurso deberá ser estudiado por la Comisión de Ética de la Asamblea