En manos de las bandas delincuenciales de Medellín está quedando la munición que desde Venezuela está siendo traficada a la ciudad, confirmó el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira. Hasta ahora, se cometió un crimen en la capital antioqueña con una bala fabricada en el vecino país.
Martínez Neira, aseguró que, un cuerpo en Medellín fue hallado con una bala marcada como Cavim, empresa que surte de este tipo de material bélico a la Guardia Nacional Bolivariana. Dijo que solicitará la colaboración de las autoridades de Venezuela para evitar que esta actividad no se vuelva recurrente.
El fiscal aclaró que según los estudios de balística en el país, sólo a Medellín estaría llegando dicha munición. Mientras tanto, se adelantan las investigaciones para determinar esas armas y material explosivo se estarían traficando a otras regiones del departamento como el Bajo Cauca.
Capturas Bajo Cauca
En un gigantesco operativo para recuperar la seguridad en el Bajo Cauca antioqueño y el Sur de Córdoba, fueron capturados 111 presuntos integrantes del Clan del Golfo, los Caparrapos, el ELN, y Grupo Armado organizado Residual de las Farc, quienes estarían implicados en homicidios, secuestros, narcotráfico, desplazamientos forzados, minería ilegal, extorsiones y reclutamiento de menores.
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En Medellín, el Fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, explicó que entre los detenidos se destaca, Nicolás Gabriel Pantoja López, alias de Caremalo, principal cabecilla de los Caparrapos en Tarazá, por cuya captura las autoridades ofrecían 500 millones de pesos. Así como el segundo al mando de la organización, quien se encuentra en cuidados intensivos porque resultó herido en la mega operación en la cual participaron 5 mil hombres de la Policía, el Ejército, La Armada, La Fuerza Área y el CTI de la Fiscalía.
Las finanzas de estas organizaciones ilegales, también fueron golpeadas con la ocupación con fines de extinción de dominio de 14 bienes pertenecientes al exalcalde de Tarazá, Jorge Eliécer Pérez Pérez, avaluadas en 2 mil 500 millones de pesos. El exmandatario está condenado a 18 años de prisión por corrupción.