El senador Julián Bedoya
Habría obtenido beneficios para graduarse como abogado.
El dirigente del Partido Liberal en Antioquia, Julián Bedoya Pulgarín, enfrenta un proceso disciplinario en la Procuraduría General de la Nación por presuntas irregularidades en el uso de su investidura de congresista, para obtener beneficios personales de parte de la Universidad de Medellín, entre ellos su título de abogado.
El Ministerio Público investiga si entre el 11 de octubre de 2018 y el 1 de marzo de 2019, Bedoya Pulgarín utilizó su condición de senador de la República para lograr ventajas ante el centro de estudios superiores, que se habrían traducido en la consecución, al parecer irregular e inusualmente rápida, del título de pregrado en el programa de derecho.
El senador Bedoya Pulgarín tendrá que explicar si cumplió con los requisitos establecidos en las normas internas de la institución, que, según informe del Ministerio de Educación no se observaron.
Uno de ellos sería el de la realización de exámenes de suficiencia y preparatorios, teniendo en cuenta que no es habitual que una persona presente en una misma fecha o en una semana, cómo habría ocurrido con los preparatorios de penal, civil II y político, que figuran como practicados el 23 de noviembre de 2018; el nivel de éxito del 100% y la acreditación del trabajo de investigación.
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Así mismo, deberá argumentar cómo pudo realizar las pruebas de Estado sin haber terminado exámenes de suficiencia.
La presunta falta del congresista antioqueño Julián Bedoya Pulgarín fue calificada provisionalmente como grave a título de dolo.
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Recordemos, que por este aparente caso de corrupción, un fiscal de la Unidad de Delitos contra el Patrimonio Económico, realizará este jueves 12 de diciembre, la audiencia de imputación de cargos en contra del rector de la Universidad de Medellín, Néstor Hincapié Vargas, y otras siete personas, entre docentes y directivos de la institución, investigados como presuntos responsables del delito de falsedad en documento público.
Hace pocos días, Hincapié Vargas envío una carta a la Fiscalía para solicitar garantías procesales, al considerar que hay “falta de objetividad y prejuzgamiento” en la investigación penal en su contra. Pidió que se establezca un tribunal técnico- jurídico que evalúe el trabajo adelantado por el fiscal 70 delegado de la ciudad.
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