El comandante de la Policía Metropolitana, general Eliécer Camacho Jiménez, destacó el trabajo de la Dirección de Investigación Criminal que permitió la captura del juez Primero Penal del Circuito de Bello, Luis Armando Vásquez García, quien fue asegurado en la cárcel porque habría recibido grandes sumas de dinero para favorecer a bandas delincuenciales como “Pachelly” y “Los Triana”.
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Declaró el general Camacho Jiménez, que es muy grave que un administrador de justicia conceda beneficios a cambio de dádivas de criminales que han generado el terror en la comunidad. Explicó, que las denuncias contra el funcionario y su compañera sentimental se conocieron en los consejos de seguridad en Bello. La mujer sería el enlace con los delincuentes.
Recordemos, que el juez Luis Armando Vásquez García fue afectado con medida de aseguramiento de detención carcelaria, como presunto responsable de los delitos de concusión, cohecho propio, prevaricato por acción y prevaricato por omisión.
Según la investigación, adelantada por un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Medellín, entre los años 2011 y 2018, el servidor público, al parecer, tomó decisiones irregulares para favorecer a varios procesados por punibles como secuestro agravado, abuso sexual de menores y hurto calificado y agravado.
Aseguró el ente acusador que entre las decisiones cuestionadas figuran la reducción amañadas de penas, y la libertad de algunas personas, que habrían pagado sumas de dinero que oscilan entre los cinco y los ocho millones de pesos.
En la misma decisión adoptada por el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Medellín, fue afectada Milena Martínez Muñoz, esposa del juez, pero en calidad de interviniente.
De acuerdo con la investigación, la mujer sería la encargada de contactar a los familiares de los investigados y de recibir el dinero, tras los fallos irregulares.
Luis Armando Vásquez García y su pareja no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía, que en esta ocasión los señaló por cuatro hechos delictivos. Se espera que en los próximos días sean llamados nuevamente a responder por seis casos más de presunta corrupción, que se habrían cometido entre el 2010 y el 2019.
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En estos hechos de corrupción estarían también implicados otros servidores judiciales, abogados y particulares, señalados de pagar sumas de dinero y así desviar las decisiones.