Organizaciones sociales exigieron garantías para la Mesa Minera del Nordeste.
Vladimir Roldán, integrante de la Mesa Minera de Remedios y Segovia, fue víctima de un nuevo atentado con armas de fuego, cuando se movilizaba por el sector El Chicharrón de esta localidad del Nordeste antioqueño, en un vehículo que le asignó la Unidad Nacional de Protección, UNP.
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El carro, que no tiene ningún tipo de blindaje fue impactado por varios proyectiles que destruyeron los vidrios, pero afortunadamente no causaron lesiones al líder minero, quien el año pasado sobrevivió ileso a un ataque de hombres armados que lo ubicaron en su residencia en Medellín.
Oscar Yesid Zapata, vocero del Programa Social de Garantías del departamento, rechazó el atentado y denunció que en dos ocasiones solicitaron que se refuerce la seguridad de Vladimir Roldán, pero no han sido escuchados por el Gobierno Nacional, ni por la UNP.
Así mismo, alertó a las autoridades para que investiguen este ataque, al tiempo que exigió que se fortalezca el esquema de protección para todos los integrantes de la Mesa Minera que tienen medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El pasado 22 de abril, el Programa Social de Garantías exigió protección para Jaime Gallego, directivo de la Mesa Minera de Segovia y Remedios, a quien le retiraron parte de su esquema de seguridad, poniendo en riesgo su vida ante las constantes amenazas de estructuras criminales que tienen presencia en la región y las cuales se han incrementado en medio de la contingencia por el coronavirus.
Según Oscar Yesid Zapata, en lo corrido del año han muerto a manos de violentos, 13 defensores de derechos humanos en diferentes poblaciones antioqueñas. Otros cuatro se desplazaron para proteger sus vidas y las de sus familias.
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En este período se han reportado 21 amenazas individuales y 12 colectivas a defensores de derechos humanos por parte de las llamadas Autodefensas Gaitanistas o Clan del Golfo. Explicó el vocero Oscar Yesid Zapata, que los territorios más complejos son el Valle de Aburrá y el Bajo Cauca, por lo que demandó garantías del gobierno para ejercer su labor en los territorios.
Fuente
Alerta Paisa
