Colegio de Abogados Penalistas de Colombia rechazó cuestionamientos de la Fiscalía a decisión de juez en el caso de Sara Sofía
El presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Francisco Bernate, rechazó los cuestionamientos que hizo la Fiscalía General de la Nación a la decisión que adoptó la juez segunda especializada de Bogotá, de otorgar la libertad inmediata de Carolina Galván y su compañero sentimental Nilson Díaz, investigados por la desaparición de la pequeña Sara Sofía Galván.
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Indicó que los cuestionamientos mediáticos que hizo la Fiscalía General en contra de la juez de la República que tomó la decisión en el mencionado caso, carecen de respeto y advirtió que, las decisiones judiciales no necesariamente se pueden compartir pero tienen que criticarse en los escenarios adecuados para ello.
"El Colegio de Abogados Penalistas de Colombia mediante un comunicado que es producto de la deliberación y el consenso entre sus cerca de 4.000 integrantes, ha decidido rechazar la actitud de la Fiscalía General de la Nación de cuestionar mediáticamente a un juez de la República, que tomó una decisión en un caso muy sensible y anunciar investigaciones por cuenta de una decisión que consideramos, es en derecho en la medida en la que la juez la tomó de manera autónoma", dijo.
Agregó: "le hacemos un llamado a la Fiscalía General de la Nación como institución integrante de la rama judicial a respetar a los jueces y sobre todo a dar ejemplo de que las decisiones judiciales, no necesariamente tienen que compartirse pero tienen que cuestionarse en el escenario que es y a través de las formas que corresponden pero no anunciando investigaciones y mucho menos deslegitimando al poder judicial, por la vía de los comunicados a la opinión pública".
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El pronunciamiento de Bernate en representación del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, surgió luego del comunicado de prensa expedido por la Fiscalía General en el que anuncian que solicitarán ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que se adelante una investigación contra la jueza segunda especializada de Bogotá "dado que la decisión tomada se vulneran los derechos de la menor. Se solicitará la priorización de esa investigación".
Entre tanto, el gremio de abogados señaló que "la descalificación pública de la labor judicial genera una indebida estigmatización al trabajo de los jueces, afecta la percepción ciudadana en el poder judicial, y pretende mediante investigaciones manifiestamente improcedentes condicionar las decisiones judiciales para que a futuro al ente acusador, que al no encontrar eco en sus posturas -muchas veces, como en este caso, mal argumentadas, o carentes de sustento- acude a deslegitimar al administrador de justicia".