Consejo de Estado que anuló sanción de la Procuraduría contra Rodolfo Hernández

El Consejo de Estado anuló una de las sanciones que la Procuraduría General de la Nación había ordenado en contra de Rodolfo Hernández, ex alcalde de Bucaramanga, quien también fue candidato a la presidencia de Colombia y en las últimas elecciones territoriales intentó llegar a la Gobernación de Santander.

El fallo del ministerio público que lo suspendió del cargo como primer mandatario de Bucaramanga, se dio por haber agredido físicamente al ex concejal, Jhon Jairo Claro, quien sobre esta decisión del tribunal  mencionó: "El Consejo de Estado no es que avale ese golpe, lo que dice el Consejo de Estado es que requiere una doble instancia y quien debe sacarlo del cargo o destituirlo es un juez de la República, mas no juez disciplinario,eso es una cosa de forma pero de fondo si es censurable."

En esta  sentencia de segunda instancia se ha ordenado eliminar de la base de datos de la Procuraduría la sanción impuesta, además de realizarse el debido restablecimiento de derechos, con la devolución de la multa económica a Hernández por $95 millones de pesos, en caso de que hubiese sido cancelada por el ex funcionario. 

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La suspensión dictada por la Procuraduría en contra de Hernández fue por un hecho que se presentó el 22 de julio de 2019, cuando el entonces alcalde de Bucaramanga abofeteó al concejal Jhon Jairo Claro. El momento quedó capturado en vídeo y ampliamente compartido en las redes sociales, lo terminó en una sanción para Hernández por parte de las autoridades disciplinarias, que lo hallaron responsable de una falta grave.

En la sentencia del Tribunal se puede leer también sobre el posible parecido con el caso de Gustavo Petro cuando fue inhabilitado como alcalde de Bogotá, "El caso Petro Urrego versus Colombia no constituye un precedente vinculante dado que la medida cautelar allí dictada no corresponde a un pronunciamiento de fondo, en la medida que la decisión tuvo como fundamento la separación del cargo y la inhabilidad por el término de 15 años, mientras que para el caso del demandante se trató de una suspensión en el cargo que conforme a los fallos atacados corresponde a una suspensión de ocho meses".

Sobre daños y perjuicios que haya representado para Hernández el fallo de la Procuraduría, la sentencia del Consejo de Estado aclara: "En cuanto a la pretensión de reconocimiento de los perjuicios morales, esta sala de subsección considera que las pruebas allegadas al plenario no se logró acreditar, con suficiencia, la aflicción, el dolor o padecimiento sufrido por el señor Rodolfo Hernández con motivo de la sanción, puesto que su esfuerzo probatorio se orientó a demostrar asuntos relativos y las faltas que en este se endilgaron."

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Aun así el empresario y político ha afirmado que tomará cartas en el asunto y precisó: "Le he pedido el favor a mi equipo jurídico, que iniciemos las demandas por daños y perjuicios causados por el accionar ilegal del Estado. Y puntualmente, que busquemos Acciones de Repetición en contra de los funcionarios que emitieron estos fallos ilegales."