Contraloría y procuraduría piden garantías al Gobierno para el abastecimiento de energía en el país

Se realizó una mesa de trabajo de Alto Nivel convocada por la Contraloría General de la República, en la que también participaron el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla el presidente de Andesco y representantes del sector minero-energético. El objetivo de este encuentro era analizar el riesgo de desabastecimiento energético y el creciente déficit en el pago de subsidios a los servicios públicos. 

Ante esta situación el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, hizo un llamado a la acción para garantizar la continuidad en la prestación del servicio a los ciudadanos: "Somos organismos de control. No somos Ejecutivo, somos promotores de que las cosas se hagan bien, se hagan a tiempo y sean eficientemente bien hechas. Por tanto lo que queremos es llenarnos de argumentos, de información comprobable para tratar de acompañar propuestas de solución".

Durante el encuentro, se discutieron estrategias para afrontar la deuda acumulada por subsidios y el impacto que esta situación podría tener en la prestación del servicio, especialmente para los estratos 1, 2 y 3.  

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El contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, advierte que es necesario tomar medidas para garantizar la prestación de los servicios públicos, en especial de esta población: "La Contraloría considera que le corresponde al Gobierno Nacional tomar acciones inmediatas frente al pago de los subsidios, opción tarifaria y deudas con servicios públicos y a mediano plazo sobre problemas de abastecimiento energético que también medidas concretas".

Tras este encuentro se anunció, la conformación de un grupo de contingencia desde la Procuraduría para examinar qué tanto las entidades responsables están cumpliendo con sus obligaciones legales y la normativa vigente, especialmente la Circular 001 del Ministerio Público. 

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Cabe mencionar que hace unos días Empresas Públicas de Medellín (EPM) le enviaron una carta al ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, en la que advirtieron el riesgo en el que se encuentra la prestación del servicio público domiciliario de energía en el país, especialmente en las zonas atendidas por Afinia. EPM señaló que la situación de Afinia se ha venido agravando en los últimos meses, debido al retraso por parte del Gobierno Nacional en el pago a los subsidios de los estratos 1, 2 y 3, suma que estaría cerca de los 659.000 millones de pesos.   

En el documento, el gerente de EPM, ingeniero Jhon Maya Salazar que “si el Gobierno Nacional no cumple sus compromisos y obligaciones y no cesa en su propósito de intervención del mercado de manera desarticulada, debilitando la institucionalidad y el modelo del sector, es inminente e inevitable para los prestadores la interrupción del servicio en las distintas zonas del país”.