Fiscalía imputa cargos al exgobernador Sergio Fajardo por irregularidades en contratación

La Fiscalía General de la Nación formuló imputación de cargos contra el excandidato presidencial Sergio Fajardo, por posibles irregularidades en un millonario contrato de empréstito.

La investigación está siendo coordinada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia en audiencia virtual ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá.

Según la fiscal delegada, el contrato objeto de investigación se dio cuando Fajardo era gobernador del departamento, el 5 de diciembre de 2013. "Se suscribió cuando era ordenador del gasto, firmó el contrato y el pagaré que garantizaba el empréstito. Dicho contrato implicó el desembolso de 77 millones de dólares para realizar sustitución de deudas con otros bancos", se indicó.

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La Fiscalía aseguró que estos hallazgos llevaron a un presunto detrimento fiscal porque, al momento del desembolso, el dólar costaba 1.926 pesos colombianos, pero en 2015 ya superaba los 3.140 pesos.

El excandidato presidencial deberá responder por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

"Los análisis técnicos, financieros y jurídicos de la Policía judicial evidenciaron que no se habría realizado un estudio sobre la necesidad de suscribir un contrato de empréstito en moneda extranjera”, indicó la Fiscalía.

Los investigadores establecieron que en este caso tampoco existió una proyección que advirtiera sobre la volatilidad del dólar, ni se blindó la contratación con un seguro de riesgo cambiario.

Poco antes de llevar a cabo esta audiencia de imputación, el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, negó a la defensa del excandidato presidencial Sergio Fajardo la petición de conformar un comité técnico para revisar la decisión de formularle cargos por posibles irregularidades en dicho contrato de empréstito.

A través de un escrito de tres páginas dirigido a Mauricio Pava, abogado defensor de Fajardo, el jefe del organismo investigador indicó que la convocatoria de un comité técnico-jurídico es una facultad discrecional del Fiscal General y no es un derecho al que tengan acceso las partes.

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De igual forma, sostuvo que las determinaciones adoptadas por la fiscal a cargo del proceso han sido acordé a la ley y han estado sustentadas en elementos de prueba contundentes.