Quedó en firme resolución que reglamenta el protocolo contra la violencia sexual en el Congreso 

Por medio de la resolución 010 del 30 de enero de 2023, la mesa directiva del Congreso de la República adoptó el protocolo integral para la prevención y orientación institucional frente a las conductas de violencia sexual.

A partir de esto, todo funcionario o contratista de la corporación se verá obligado a conocer dicho protocolo y firmar un formato de declaración juramentada antes de iniciar su proceso laboral.

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“La Cámara de Representantes, adopta el protocolo para la prevención, orientación y adopción de medidas de no revictimización de la violencia sexual en el ámbito laboral y contractual con una a una política de cero tolerancias frente estas conductas”, se lee en el documento que deberán firmar los empleados.

Así mismo, se establece en la resolución que se generará un proceso a cargo de las direcciones administrativas de ambas corporaciones para sensibilizar, capacitar y socializar a los congresistas, los servidores públicos, contratistas, pasantes, y todo el personal que cumple funciones en el capitolio, en legislación sobre derechos de las mujeres, población LGTBIQ+ y otras personas, especialmente sobre la prevención de violencia sexual en el ámbito laboral y contractual.

“Ya se están abriendo los canales de recepción de información de posibles casos de violencia sexual contra las mujeres y acatamos el llamado que nos hizo el presidente de ir hasta el fondo en lo que nos compete de dar garantías y canales de información para quienes han sido violentadas”, indicó el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero.

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El legislador agregó que la primera instancia en asumir los casos e iniciar la ruta de atención será la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, que preside la senadora María José Pizarro, para dar garantías a las denunciantes si su agresor es un congresista hombre.

Cabe mencionar que las mujeres que presenten sus denuncias recibirán orientación jurídica, psicosocial y técnica, para que de forma eficiente y eficaz, se active la ruta de atención establecida en el marco legal vigente. Así mismo, se deberán adoptar mecanismos para realizar seguimiento y evaluación anual del cumplimiento a lo establecido en el protocolo.