Alcalde de Medellín expuso ante la CIDH las amenazas contra su vida

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, visitó este jueves la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, para solicitar al órgano internacional medidas cautelares de protección de su vida y la de su familia, así como de sus derechos políticos. 

Durante la visita, el mandatario se reunió con Joel Hernández García, comisionado de la CIDH y relator para Colombia; María Claudia Pulido, secretaria Ejecutiva Adjunta de la CIDH, y Fernanda dos Anjos, coordinadora de la Sección de Medidas Cautelares. 

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En primera instancia y de manera urgente, el alcalde relató ante la CIDH las amenazas que ha recibido desde antes de iniciar su mandato y desde que se posesionó como alcalde de Medellín.

Especialmente, se refirió al aumento de estos hechos en los últimos meses a través de correos, mensajes en redes sociales y la construcción de planes para atentar contra su vida, que fueron revelados por fuentes humanas.  

“Como todos saben, las demandas y denuncias que hemos hecho sobre Hidroituango ha puesto en grave riesgo mi vida y la de mi familia. Por eso, el día de hoy, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hemos puesto en evidencia estas amenazas. Lamentablemente, el Estado colombiano sigue incumpliendo el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Procuraduría viene violando la Convención Americana de Derechos Humanos”, expresó el alcalde.  

Además, señaló la gravedad de los hechos a partir del recrudecimiento de la violencia en Colombia a pocas semanas de las elecciones legislativas.

En el año 2020, fueron asesinados 199 líderes sociales, en el 2021 se reportaron 168 asesinatos y en lo que va del 2022 han muerto de forma violenta 30 más, dos de ellos el pasado 22 de febrero, según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Adicionalmente, la misma ONG ha reportado 19 masacres que han dejado 82 víctimas fatales este año. 

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Paralelamente, el alcalde Quintero solicitó que se protejan sus derechos políticos y libertad de expresión en el proceso de revocatoria que afronta actualmente y que coincide de manera temporal con las elecciones legislativas en el país, por lo cual el Estado colombiano debe garantizar el equilibrio en sus decisiones en procesos administrativos o judiciales.