
Aseguraron al presunto responsable de agredir con arma blanca a dos hermanos menores de edad en Amalfi
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a Álvaro de Jesús Ospina Vargas, de 36 años, presunto responsable de lesionar con arma blanca a dos hermanos, de 9 meses y 13 años.
Según la Fiscalía, el procesado negó ser responsable de los cargos imputados por un fiscal de la Seccional Antioquia, quien le imputó el delito de lesiones personales agravadas.
Los hechos investigados ocurrieron a las 10:00 de la noche del 1 de diciembre de 2024, durante una fiesta comunitaria que se realizó en la vereda Naranjito del corregimiento Portachuelo del municipio de Amalfi, Nordeste antioqueño.
En el lugar departían varias familias de la zona. Se cree que el procesado, en estado de alicoramiento, le pidió al joven de 13 años que le diera a su hermana, a quien tenía en brazos. Ante la negativa, el presunto agresor habría sacado un arma blanca con la que lesionó a los dos hermanos y luego huyó por un área boscosa del sector.
Las víctimas fueron llevadas a un centro asistencial donde suturaron al menor de 13 años y la niña de 9 meses fue intervenida quirúrgicamente.
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Ospina Vargas fue capturado por servidores de la Sijín y el Ejército Nacional cuando se movilizaba por una vía de la vereda Naranjito.
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Por presunta extralimitación de funciones, Procuraduría profirió cargos contra exgerente del hospital de Pueblorrico
La Procuraduría General de la Nación anunció que profirió pliego de cargos contra Arnaldo José Ahumada Cervantes, en su condición de gerente del Hospital San Vicente de Paúl de Pueblorrico, Suroeste antioqueño, por presuntas irregularidades en el trámite de un proceso de cobro coactivo contra la Nueva EPS.
Según la investigación, adelantada por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Andes, Ahumada Cervantes habría expedido la Resolución No. 18 del 14 de marzo de 2022, mediante la cual libró mandamiento de pago en el proceso administrativo No. HSVPP-901156264 por un valor de $405.311.127, incluyendo intereses, sin tener competencia para ello.
“Se considera que las Empresas Sociales del Estado (E.S.E.) carecen de facultades para adelantar procesos de jurisdicción coactiva cuando se trata de deudas derivadas de relaciones civiles o comerciales, como aquellas originadas en la venta de servicios de salud, razón por la cual el exfuncionario habría incurrido en extralimitación de funciones”, explicó la Procuraduría en un comunicado.
El ministerio publico calificó provisionalmente la falta como “grave cometida con culpa grave”, al considerar que el exgerente “actuó con ligereza y sin verificar previamente la legalidad del procedimiento que adelantaba, a pesar de haber sido advertido sobre su presunta falta de competencia”.
Por estos hechos, la Procuraduría concluyó que el comportamiento del entonces gerente “pudo haber vulnerado los principios de moralidad, responsabilidad y transparencia que rigen la función administrativa”.