El patio seis de la cárcel El Pedregal de Medellín, toda una oficina de la extorsión

Las autoridades de Medellín descubrieron una extensa red de extorsión que operaba desde el patio 6 de la cárcel de máxima seguridad El Pedregal, occidente de la ciudad 

Durante un operativo sorpresa, varias unidades de policía incautaron más de 40 armas blancas, 13 celulares utilizados para realizar las exigencias económicas, 38 SIM cards, 25 cargadores de celular, cuatro memorias USB e incluso un módem. 

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El general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana, afirmó que se realizó un registro exhaustivo de las 56 celdas de este patio, donde se encuentran recluidos más de 200 internos.  

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El oficial destacó que la mayoría de los casos de extorsión tienen su origen en las cárceles y anunció que, en conjunto con el Gobierno Nacional y el Ministerio de Justicia, se implementarán convenios para realizar registros similares en otros centros penitenciarios. 

Otra poderosa banda de extorsión en La Estrella

a Policía Metropolitana desarticuló una extensa red de extorsión liderada desde la cárcel de Máxima seguridad de Itagüí por John Jairo García, alias "la cuca". Este hombre, recluido desde 2010, dirigía un grupo de 15 personas que exigía dinero a comerciantes, transportadores, amas de casa y extranjeros en la Estrella. 

Tras 10 meses de investigación, basados en denuncias de 27 víctimas, las autoridades lograron capturar a 4 coordinadores y 8 integrantes de la organización. Durante los operativos, se incautó un taxi a nombre de "la cuca" y se identificaron otros tres vehículos vinculados a la red. 

El general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana, afirmó que la organización criminal operaba en los barrios La Inmaculada I y II, Campo Alegre, El Hoyo, La Carrilera, La Bermejala y las veredas La Tablaza y Pueblo Viejo. Los capturados fueron judicializados por los delitos de extorsión, desplazamiento forzado y concierto para delinquir. 

Presuntamente este grupo criminal realizaban exigencias económicas a comerciantes, agricultores y vendedores informales, las cuales oscilaban entre los 100 mil y 10 millones de pesos. Con estas capturas se evitó el pago de cuantías aproximadas a 1.440 millones de pesos anuales