Funcionarios de la alcaldía de Medellín en líos con la Procuraduría por contratos con la Universidad Nacional y Telemedellín

La Procuraduría General de la Nación informó que abrió dos investigaciones contra funcionarios y exservidores de la Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín, por presuntas irregularidades en la firma y ejecución de dos contratos con la Universidad Nacional y el canal Telemedellín.  

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Asimismo, el órgano de control aseguró que, la primera investigación se trataría del documento suscrito con la Universidad Nacional, donde inició que el proceso se adelanta contra la actual jefe de esa Secretaría, Mónica María Orrego López, así como contra del exsecretario, Juan José Aux Trujillo, y el profesional universitario, Juan Carlos Gómez Henao.  

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Además,  se encuentran indagando si el contrato suscrito por un poco más de nueve mil millones de pesos, fue utilizado para favorecer intereses particulares, concretamente para las campañas de algunos candidatos que aspiraron a la alcaldía y el concejo de la ciudad durante las elecciones del pasado 29 de octubre.  

La segunda investigación se trataría por presuntas irregularidades en el proceso de contratación con Telemedellín, por un valor superior a los $18 mil millones ($12.496.159.017 iniciales y una adición por $6.248.079.508), para pautas publicitarias y el desarrollo de una estrategia de divulgación de resultados de la administración, donde también se encuentra comprometido el exsecretario de comunicaciones, Juan José Aux Trujillo, al igual que Clara Inés Izquierdo, esta última en calidad de encargada, y los profesionales universitarios Juan Carlos Gómez Henao y Víctor Manuel Quiroz. 

Por lo anterior, indicaron que evidenciaron un presunto desconocimiento de los principios de contratación estatal, al suscribir el referido contrato bajo la modalidad de contratación directa, eludiendo el procedimiento de ley, en el cual deberían participar varios oferentes para escoger el de mayor experiencia, idoneidad, capacidad necesaria y suficiente.

Asimismo, desde la Procuraduría informaron que, al parecer, el canal regional no contaba con la capacidad para ejecutar el objeto del contrato y por eso, realizaron una tercerización de la contratación para el desarrollo de una parte de las actividades con la empresa Maxempleos.