Serían dos las privadas de la libertad que habrían sido víctimas de abuso sexual por parte de funcionarios del Inpec en Medellín

La Corporación Mujeres Libres Colombia informó a través de una carta enviada al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, que una de las reclusas, habría sido víctima de abuso sexual en agosto y septiembre de 2024, quien además se encuentra en embarazo y estaría enfrentando riesgos constantes en el establecimiento penitenciario El Pedregal sin que las autoridades hayan agilizado el proceso ante la Fiscalía.  

Además, indicaron que también se habría presentado otro caso, de una reclusa quien también se encuentra privada de la libertad en el centro penitenciario El Pedregal de Medellín. Según la denuncia realizada por la Corporación, habría sido víctima de abuso sexual el 24 de diciembre de 2024.  

Claudia Alejandra Cardona, la directora de la Corporación Mujeres Libres Colombia, manifestó que las denuncias fueron interpuestas ante las autoridades y una de ellas fue cambiada de patio.

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"Lo que nos dicen en los audios y en la denuncia es que tienen miedo a las represarías por parte de la guardia porque están denunciando a compañeros guardianes, además los que reciben las denuncias es Policía judicial y  Policía judicial es guardia, son compañeros y el Inpec desde hace años está haciendo desde hace muchos años arte y parte de quien vulnera derechos, de quien es victimario y de también quien recibe las denunciad y esto no puede seguir pasando", dijo la directora de la Corporación. 

En medio del contexto entregado por la reclusa, detalló que los dragoneantes Daniel Arias y Andrés Enríquez Altamar, le habrían suministrado una sustancia conocida como "tusi", “Recuerda que la tocaron, la sentaron y la pusieron a realizar sexo oral y del resto de los hechos no tiene memoria clara debido al efecto de la sustancia administrada”, especifican en el documento.  

Desde la Corporación Mujeres Libres Colombia realizaron seis solicitudes las cuales son:  

1. Que la reclusa sea trasladada de inmediato a Medicina Legal.  

2. Que la Fiscalía General de la Nación inicie una investigación urgente, imparcial y exhaustiva sobre los hechos denunciados.  

3. Que se garantice la protección de la denunciante, asegurando medidas cautelares efectivas para salvaguardar su vida e integridad.  

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4. Que se traslade de inmediato a la denunciante a otro establecimiento penitenciario donde no corra riesgo su vida e integridad si ella así lo requiere.  

5. Que se investigue y sancione penalmente a los responsables de los hechos, incluyendo los dragoneante implicados, así como a cualquier otro funcionario involucrado directa o indirectamente.  

6. Que se tomen medidas para garantizar que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir, cumpliendo con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.