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Según fuentes de la sociedad civil, 173 personas están detenidas por la crisis política que estalló en Nicaragua en 2018.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció este jueves el continuo deterioro de la situación en Nicaragua bajo el gobierno de Daniel Ortega, con detenciones arbitrarias, persecución, cierre de oenegés y un masivo exilio forzado de nicaragüenses.
En un discurso en la 50 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Bachelet precisó que, según fuentes de la sociedad civil, 173 personas están detenidas por la crisis política que estalló con las protestas opositoras de 2018, cuya represión dejó unos 320 muertos.
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"Hago propicia esta ocasión para reiterar mi pedido a las autoridades competentes de asegurar la inmediata liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente y garantizar su integridad física y psíquica", aseguró Bachelet, al denunciar condiciones de reclusión deplorables.
La expresidenta chilena, que actualizó su informe sobre la situación en Nicaragua en los últimos tres meses, denunció que desde mayo pasado "la policía ha reanudado el acoso contra sacerdotes católicos, siguiéndolos e intimidándolos persistentemente".
Aseguró, además, estar muy preocupada por la dramática reducción del espacio cívico en el país centroamericano.
El gobierno de Nicaragua ha cancelado la personalidad jurídica de "388 organizaciones desde inicios de este año, lo que arroja un total de al menos 454 desde noviembre de 2018" y a por lo "menos 12 universidades", precisó.
Las organizaciones canceladas son acusadas de violar la ley general de regulación y control de organismos sin fines de lucro por no reportar sus informes financieros y explicar el origen de los recursos que recibían del exterior.
"Tenemos conocimiento que sus representantes fueron impedidos de defenderse en un debido proceso ante una autoridad independiente", afirmó Bachelet.
La funcionaria de la ONU aseguró que "el número de nicaragüenses que abandonan el país está aumentando a cifras sin precedentes", incluso mayores a las registradas en la década de 1980, cuando Nicaragua vivía una guerra civil.
"En los últimos ocho meses, la cantidad de refugiados y solicitantes de asilo nicaragüenses en Costa Rica se ha duplicado, alcanzando el número de 150.000", y los interceptados en las fronteras de Estados Unidos registraron "un incremento inédito", de "3.164 a septiembre de 2020 a 92.037 a abril de 2022".
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Bachelet expresó su preocupación por medidas que indican que el gobierno "busca profundizar aún más la represión de voces críticas" y reiteró su demanda de permitir al personal de su Oficina visitar el país.
Ortega, un exguerrillero en el poder desde 2007, acusa a sus opositores de quererlo derrocar con el apoyo de Estados Unidos, que ha sancionado a su gobierno porque considera que no respeta la democracia.
