Antioquia también reporta víctimas por la llamada "mafía de los caza vehículos"

La llamada mafia de los “caza vehículos” no sería ajena para el departamento de Antioquia. En las últimas horas, RCN RADIO Medellín conoció dos historias que dejaría en descubierto una red criminal donde, aparentemente, estarían inmersos agentes de tránsito, jueces y hasta uniformados de la Policía Nacional.

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Uno de los casos se registró en enero, donde la víctima, a la cual respetamos su identidad por temas de seguridad, denunció que varios uniformados de la Policía Nacional le hicieron señal de pare y posteriormente le solicitaron los documentos legales de su carro.

Hasta ahí, todo iba normal. Sin embargo, el denunciante explicó que los uniformados de manera sorpresiva, entregaron los documentos a dos particulares que llegaron, y se identificaron como trabajadores del parqueadero J&L, para luego manifestarle que su vehículo tenía un requerimiento del juzgado 22 civil municipal de Bogotá. Además, lo extraño de todo era que los uniformados no contaban con sus identificaciones oficiales y procedieron a llevarse su vehículo.

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Desde entonces, la víctima manifestó que se ha sentido vulnerado en sus derechos. Incluso, que por su vehículo ya piden hasta 8 millones de pesos, dinero que se niega a pagar. Además, según este, desde el parqueadero, el cual tiene sede en Copacabana, Antioquia, aseguran que este autorizó el traslado de su vehículo a dicho lugar por temas personales, cuando realmente no fue así.

La víctima pide a las autoridades, en este caso a la Policía Nacional y a la Fiscalía General, avanzar en todas las investigaciones para desenmascarar esta presunta red criminal que, lo único que ha hecho es traerle dolores de cabeza.

Segunda historia 

La otra historia también se registró en Medellín y, en esta oportunidad, estarían involucrados supuestos agentes de la secretaria de Movilidad de la capital antioqueña.

Según cuenta la víctima, a quien también no mencionamos su nombre, estos retuvieron su vehículo y le manifestaron prácticamente la misma versión: que este era requerido por un juzgado civil de Bogotá, y que primero y para iniciar todos los trámites administrativos, debía ser trasladado al parqueadero J&L, es decir, el mismo del caso anterior.

Hoy en día, por su vehículo, estas personas le estarían cobrando hasta más de 15 millones de pesos