Casa por cárcel, para cuatro policías de Medellín por hurto de 10 millones de pesos
El Juzgado 39 Penal Municipal de Medellín, con funciones de control de garantías, impuso medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria, en contra de cuatro patrulleros de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, como presuntos responsables de hurto calificado y agravado y concusión.
Con la medida judicial fueron afectados los representantes de la Fuerza Pública, Andrés Altamar Avendaño, Anthony Ballestas Hoyos, Carlos Mario Gil Alcendra y Jonathan Grisales Sastoque.
De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, el 13 de noviembre de 2018, los uniformados habrían ingresado sin orden judicial a un apartamento del barrio Buenos Aires de la capital antioqueña, de donde sustrajeron la suma de seis millones de pesos en efectivo y joyas avaluadas en otros cuatro millones. En el lugar al parecer, se hacían transmisiones de Web Cam con chicas mayores de edad.
Antes del ingreso irregular al inmueble, uno de los patrulleros llamó por teléfono al dueño del negocio, quien se encontraba fuera de la ciudad, para que hiciera presencia en el sitio y pudiera evitar el allanamiento, a cambio de dinero. Como la víctima no pudo llegar los policiales habrían ingresado de manera arbitraria.
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El cuestionado operativo judicial quedó grabado en las cámaras del inmueble.
El proceso contó con el apoyo de la Regional Número 6 de la Policía Nacional que adelanta de manera simultánea la respectiva investigación disciplinaria.
Los agentes, Andrés Altamar Avendaño, Anthony Ballestas Hoyos, Carlos Mario Gil Alcendra y Jonathan Grisales Sastoque, fueron capturados por la Dijín de la Policía Nacional el pasado 26 de abril y no se allanaron a los cargos imputados.
Hace pocos días, fue capturado en un importante centro comercial de Medellín, fue capturado, el investigador de la Sijín, adscrito a la Policía Antioquia, Mateo Gallego. El uniformado, al parecer, estaba cobrando una extorsión de 60 millones de pesos producto de la intimidación a un comerciante.
El operativo fue comandado por el Gaula Militar y el CTI en el lugar de los hechos, en el que la comunidad alertó sobre la presencia de un hombre armado, quien generó pánico entre numerosas personas que se encontraban en el lugar.