Como resultado de un arduo trabajo investigativo, en coordinación con la fiscalía y el Gaula Militar, en el municipio de Carepa, subregión del Urabá antioqueño, se logró la desarticulación del grupo de delincuencia común organizado conocido como “Los del Rio”, principales comercializadores de estupefacientes que afectaban específicamente los barrios brisas del rio, oasis, 12 de octubre, la cadena y porvenir.
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En seis diligencias de registro y allanamiento se logró la captura de las cuatro personas que conformaban este grupo delincuencial al mando de alias “el gordo” quien junto con alias “Juank”, “Caicedo” y “Chispa” distribuían los alucinógenos en el municipio bajo la fachada de mototaxistas.
Estos sujetos deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.
Con la desarticulación de este grupo delincuencial, se afectan directamente las rentas criminales, controladas por el frente Carlos Vásquez del Clan del Golfo, quienes a través de esta modalidad delictiva generan un monto superior mensual a los 300 millones de pesos.
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Capturaron a un juez de Medellín señalado de actos de corrupción. Exigía dinero para la supuesta agilización de los procesos
Un juez de control de garantías de Medellín impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra del fiscal local de la Unidad de Intervención Temprana de la Seccional Medellín, Nicolás Antonio Sánchez Rodríguez, de 58 años, como presunto responsable de los delitos de prevaricato por acción, prevaricato por omisión y concusión, en concurso homogéneo y sucesivo.
Según la investigación adelantada, entre mayo y septiembre de este año, el procesado habría exigido y recibido dinero, a cambio de la supuesta agilización de los procesos que adelantaba en su despacho. El primer hecho habría ocurrido entre mayo y julio de este año, cuando el servidor público, al parecer, recibió en varios pagos la suma de 3 millones de pesos, producto de la exigencia ilícita a un hombre de 70 años, para que llegara a buen término una denuncia que había instaurado por ser víctima de una estafa.
Las labores de policía judicial permitieron establecer que el mismo día en que el que el hombre de la tercera edad le habría consignado la primera cuota de un millón de pesos, el fiscal archivó la investigación de manera arbitraria y sin fundamento jurídico.
El segundo caso sucedió en septiembre de este año, cuando el funcionario habría contactado a otra víctima de estafa y luego de identificarse como el titular del proceso, le solicitó entre uno y dos salarios mínimos legales mensuales vigentes para agilizar los procesos investigativos.
En esta oportunidad la víctima no pagó y puso el hecho en conocimiento de la Fiscalía. También se evidenció que un mes después, Sánchez Rodríguez, al parecer, contactó a dos hermanos para solicitarles la suma de 3 salarios mínimos legales para trabajar con mayor celeridad en una denuncia que habían interpuesto, también por el punible de estafa. En esta ocasión tampoco hubo pago de dinero.
Entre los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, con el apoyo de la Dijín de la Policía Nacional, figuran testimonios, interceptaciones telefónicas, seguimiento de personas y videos del ingreso de una de las víctimas al lugar de trabajo del procesado.
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La Fiscalía investiga los movimientos financieros por cuantía de 180 millones de pesos en la cuenta bancaria del hoy procesado realizados durante este año. Sánchez Rodríguez fue capturado en la sede caribe de Fiscalía en Medellín este martes 14 de noviembre y durante las audiencias preliminares no se allanó a los cargos imputados.