Entre un resguardo y otro, los indígenas se movilizan en filas para evitar pisar las minas antipersonal sembradas por el ELN en Río Chageradó y Río Murindó, en el Urabá antioqueño.
Los últimos 168 indígenas que se desplazaron por miedo, piden garantías de seguridad, alimentos y agua potable.
El consejero de Derechos Humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), Gustavo Vélez, confirmó que otros 600 ancestros están en riesgo de huir de sus viviendas para proteger sus vidas. Además, ascendió a 4.000 el número de los ancestros confinados por las amenazas de los grupos armados ilegales en Murindó.
"Estamos en proceso de verificar las condiciones de los niños, adultos y mujeres. Seguimos denunciando estos hechos atroces, hasta el momento no tenemos respuestas oportunas, por parte de Gobierno Nacional, lo que implica que se agudice más esta situación".
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La representante legal de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), Amelicia Santacruz, aseguró que los niños, mujeres en embarazo y adultos no solo padecen una crisis humanitaria por desplazamientos masivos, sino que ya tiene afectaciones emocionales y psicológicas.
"La situación es tan crítica y permanente que ya ha causado daños psicológicos y afectaciones emocionales entre las comunidades ancestrales. Además de seguridad y alimentos requieren ser atención humanitaria para atender este tipo de situaciones".
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El comandante de la Séptima División del Ejército, general Juvenal Díaz Mateus, dijo que desplegaron un dispositivo de seguridad para proteger a las comunidades indígenas en Murindó.
Además, con un desminado militar destruirán los artefactos explosivos instalados en los campos ancestrales.
La caída de un niño de 13 años en un campo minado aumentó el temor de las comunidades indígenas en Murindó. El menor de edad perdió una de sus piernas.