Comunidades de Remedios y Segovia declaran refugio humanitario ante aumento de la violencia

Por el aumento de violaciones a los Derechos Humanos y enfrentamientos entre grupos ilegales, varias poblaciones campesinas y mineras en zonas rurales de los municipios de Remedios y Segovia, en el nordeste antioqueño, se declararon en refugio humanitario.

Con el establecimiento de este mecanismo de protección en la vereda El Carmen, buscan llamar la atención de las autoridades y que organismos internacionales hagan presencia en la zona para verificar la compleja situación de seguridad que desde hace varios meses se viene presentando en este territorio.

"Las dinámicas de confrontación de diferentes grupos armados solo causan temor y zozobra en nuestras comunidades y aumenta el riesgo de desplazamiento. Se aumentaron las violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario y al ver que no hay un respuesta de garantía de respeto a la vida se decidió declarar el refugio humanitario", explicó Carlos Morales, defensor de Derechos Humanos y representante de la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana).

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De acuerdo al líder, hasta el lugar ya se han desplazado unas 250 personas de las localidades afectadas, quienes están recibiendo no solo capacitación para el conocimiento del mecanismo del que participan, sino que se han instalado mesas de diálogo para discutir las problemática de orden público y  en las que intervienen delegados de diez juntas de acción comunal.

Al ser contactado por RCN Mundo, el alcalde de la localidad, Jhon Jairo Uribe Castrillón, manifestó que desconoce la situación, pues se encuentra por fuera del municipio.

"Esa siempre es la respuesta institucional, estas alertas no las hemos levantado recientemente, venimos haciendo un seguimiento al tema desde el año anterior. Desconocen lo que está pasando en el territorio y hasta han desconocido nuestras denuncias", expresó Carlos Morales.

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Uno de los pronunciamientos más recientes se produjo a través de un documento inédito denominado Alerta Temprana 001 del 17 de julio de 2022, donde las comunidades alertaron nuevamente que cerca de unas 1.800 personas que habitan en el Bajo Cauca y Sur de Bolívar y por conexión territorial, el nordeste antioqueño, están en peligro por situaciones como extorsión, homicidios, desplazamientos forzados, reclutamiento de menores, amenazas e intimidaciones a líderes y defensores de Derechos Humanos. 

Una de las exigencias de esta alerta consistía en el envío de una comisión de la Defensoría del Pueblo para el análisis de situación de riesgo actual en la zona, así como al Hospital San Vicente de Paúl de Remedios, atender según el principio de universalidad a todo aquel que requiera atención médica, y activar el protocolo que corresponda a situaciones de conflicto armado.