Condenaron a dos exfuncionarios de Corpourabá por la defraudación de $2.600 millones

Aceptaron cargos y fueron condenados dos exfuncionarios de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá, quienes conformaron una organización criminal que se apropió indebidamente de dineros públicos por un valor de 2 mil 648 millones de pesos, entre los años 2009 y 2016.

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Por estos hechos de corrupción, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Apartadó, Antioquia, con funciones de conocimiento, sentenció a 21 años de prisión a los entonces contador de Corpourabá, Ameth Ríos Linares y a 11 años de cárcel a la tesorera, Aracelly Alzate Aristizábal.

Los procesados admitieron su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación en provecho propio y falsedad ideológica en documento público.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, los integrantes de la red integrada por 13 personas realizaron pagos y transferencias electrónicas a falsos proveedores y prestadores de servicios. También incurrieron en doble facturación y falsificaron documentos.

Los investigadores del CTI establecieron que los beneficiarios de los pagos irregulares fueron familiares y amigos de la tesorera Aracelly Alzate Torres, quienes están capturados y judicializados.

El próximo 19 de marzo, el mismo juez realizará la audiencia de lectura de fallo para sentenciar por los mismos delitos a Diana Cristina Pineda Valderrama, exjefe de presupuesto y a Faris del Carmen Vergara Martínez, exsecretaria de la Subdirección Financiera de Corpourabá. Las dos mujeres hicieron devolución de 265 millones de pesos, representados en bienes inmuebles y dinero en efectivo.

Otras nueve personas están llamadas a juicios en este proceso que adelanta un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Antioquia.

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Cabe recordar, que en el año 2016 y luego de recibir una denuncia anónima que daba cuenta de la forma se estaban robando los recursos de la Corporación, las directivas verificaron las irregularidades y entablaron las denuncias ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.