Corte Constitucional preocupada por crisis de reclusos de Puerto Triunfo en Antioquia

La Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Justicia que trabaje en una política pública que permita corregir los problemas de infraestructura que hay en las cárceles del país, esto luego de que hace varios días, en una cárcel de Cali, se desplomara uno de los muros de contención 

Este fallo busca acelerar las mejoras estructurales y asegurar el cumplimiento de una sentencia que, desde hace casi una década, intenta remediar la violación de derechos humanos en las prisiones del país. 

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La Corte destacó los serios problemas que enfrentan estos establecimientos, incluyendo infraestructura deteriorada, hacinamiento extremo, deficiencias en la alimentación y la atención sanitaria.

Para los magistrados es preocupante es la situación en cárceles como la de Puerto Triunfo, en Antioquia, donde los internos sufren de desnutrición y enfermedades como la tuberculosis. 

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Estos problemas han llevado a la Corte a subrayar la urgencia de finalizar proyectos inconclusos en diversas instalaciones carcelarias, como el ERON en Pílamo (Risaralda), y otros centros en Sabanas de San Ángel, Girón, Ipiales y Barranquilla, con el fin de aliviar el hacinamiento y mejorar las condiciones de vida de los reclusos.

Uno de los aspectos más críticos abordados en el fallo es la calidad de los alimentos suministrados a los internos pues la Corte señaló que en ocasiones, estos productos no cumplen con los estándares básicos de calidad, incluyendo la presencia de proteínas que no son aptas para el consumo humano. 

En respuesta a esta problemática, los magistrados ordenaron al Ministerio de Justicia supervisar y sancionar a los contratistas que no cumplan con los términos del servicio alimentario, asegurando así que los reclusos reciban una alimentación adecuada.

Además, establecieron medidas urgentes para mejorar el acceso a servicios de salud dentro de los centros penitenciarios lo que incluiría la necesidad de reforzar la atención médica mediante la asignación de recursos suficientes, la contratación de personal médico adecuado y la provision de transporte para facilitar las citas médicas. 

La Corte también insistió en la implementación de programas específicos para el tratamiento de enfermedades graves y adicciones, lo que refleja un enfoque más humano y comprensivo del sistema penitenciario.