Contratistas implicados en caso de corrupción con contrato en Troncal de la Paz, estarían salpicados en otro escándalo

Hace casi dos décadas se conformó el Consorcio 'Troncal de La Paz', con el objetivo de ejecutar un contrato con la Gobernación de Antioquia, durante la administración de Aníbal Gaviria.

Ese proyecto, desarrollado entre 2004 y 2007, buscaba mejorar la pavimentación en la Troncal de La Paz, en el tramo comprendido entre La Cruzada y Caucasia.

En ese entonces, los contratistas Luis Fernando Solarte y José Ignacio Narváez desempeñaban roles clave: el primero como representante legal y el segundo como contratista.

Sin embargo, años después, la Fiscalía General de la Nación identificó irregularidades en la ejecución del contrato relacionadas con la apropiación de recursos.

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El contrato inicial firmado el 22 de diciembre de 2005, ascendía a $41.663.432.778. Como anticipo, se entregó un 25% del valor total, pero posteriormente este porcentaje aumentó a 29%. La investigación reveló que parte de estos recursos, estimados en más de ocho mil millones de pesos, no se destinaron a la obra sino a otros fines.

Adicionalmente, se identificaron solicitudes de recursos adicionales que carecían de sustento técnico o financiero.

En 2021, la Fiscalía acusó a Solarte y Narváez por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Posteriormente, ambos se acogieron al principio de oportunidad.

Las investigaciones en contra de los contratistas no terminaron con este proceso. Recientemente, Noticias RCN conoció que a los implicados ahora están vinculados con una presunta defraudación del patrimonio de Diego Solarte, hermano de Luis Fernando Solarte y su socio empresarial.

Según las pesquisas, a través de sus empresas, los implicados habrían facilitado la participación de Sonacol en el concesionario Vial Autopistas del Nordeste - Adjudicatario, contratado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y Autopistas del Nordeste SAS. Se sospecha que esta operación se realizó utilizando fondos de Diego Solarte, sin su consentimiento.

La participación de Sonacol en el proyecto se encuentra actualmente en venta y en el marco de una demanda. La Fiscalía investiga una posible inyección irregular de liquidez cercana a los 95 mil millones de pesos, así como la presunta falsificación de documentos, retención indebida de utilidades y operaciones subvaloradas.

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Según Noticias RCN, Daniel Largacha Torres, apoderado de Diego Solarte y denunciante en este caso, se abstuvo de hacer declaraciones mientras avanzan las investigaciones.

Por su parte, Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas, recordó que tanto los condenados por delitos contra la administración pública como aquellos que se hayan beneficiado de un principio de oportunidad, quedarían inhabilitados para contratar con el Estado.