Defensoría del pueblo rechazó declaraciones de comandante del ELN sobre denuncias recientes de reclutamiento de menores en Antioquia
15 Jun 2021
05:47 PM
Defensoría del Pueblo alerta de presencia de grupos armados en el norte de Antioquia
El organismo ha constatado presencia de grupos armados ilegales, reclutamiento infantil y cultivos ilícitos.
La más reciente alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo advierte sobre la presencia de grupos armados ilegales en el norte del departamento de Antioquia, que amenazan los derechos fundamentales de la población en esa región del país
Son cinco municipios que estarían en riesgo: Angostura, Campamento, San Andrés de Cuerquia, Toledo y Yamural.
Según la alerta temprana de la Defensoría, hacen presencia el frente 36 comando antiparamilitar y el frente 18 Román Ruiz Cacique Coyará de las disidencias de las Farc.
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También se habla de otros grupos ilegales como el ELN, el frente de guerra Darío de Jesús Ramírez, las AGC y Los Pachelly o estructura armada proveniente del Valle de Aburrá.
La Defensoría del pueblo alertó sobre atentados contra la vida, libertad, y la integridad física de la población. También se alertó sobre hechos de desaparición forzada, homicidios selectivos, masacres y violencia sexual.
Según la Defensoría del Pueblo, la presencia de grupos armados ilegales en esa región del país se ha mantenido de manera ininterrumpida desde los años 80.
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La Defensoría señaló que, tras la firma del acuerdo de paz y la desmovilización de los guerrilleros, los territorios abandonados por la guerrilla fueron siendo ocupados por las AGC,
“Este último actor de expandió en la totalidad de los municipios que conforman las zonas del Ríos Cauca y la Vertiente Chorros Blancos, hasta emergieron facciones disidentes de las Farc”, se indica dice la alerta temprana.
Datos históricos de la Red Nacional de Información de la Unidad para las Víctimas, dadas a conocer en la alerta temprana de la Defensoría, sostienen que entre enero de 2020 y abril de 2021, en los cinco municipios más afectados, “se han presentado graves violaciones a los derechos de la población civil representados en actos terroristas, amenazas, delitos contra la libertad y la integridad sexual”.
