Dos subregiones de Antioquia hacen parte de la lista de 11 territorios bajo violencia desproporcionada; según la Defensoría

La Defensoría del Pueblo presentó los once territorios que están viviendo una violencia desproporcionada y que se encuentran bajo una emergencia humanitaria, donde la mayoría de las víctimas son comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas, así como a niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 

Dentro de la lista se encuentra el departamento del Chocó y las subregiones del Norte y el Bajo Cauca antioqueño. Para el caso del Norte, los municipios afectados por los combates entre estructuras criminales son Valdivia, Yarumal y Briceño. 

De acuerdo con la entidad, en estos tres municipios del Norte de Antioquia  se han presentado enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las disidencias al mando de alias “Calarcá Córdoba”, lo que ha generado el confinamiento y desplazamiento forzado de al menos 135 personas y homicidios selectivos de 6 civiles. 

Igualmente, en el Bajo Cauca antioqueño se presenta una disputa entre el Clan del Golfo y las disidencias al mando de “Calarcá Córdoba”, quien actúa en alianza con el ELN. El conflicto ha generado el desplazamiento de 370 personas de Remedios, Segovia y Anorí, y 160 en El Bagre, así como confinamientos y homicidios selectivos de civiles. 

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Para el caso de Chocó, desde el 4 de febrero, la subregión del San Juan ha sido escenario de enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo, que busca su expansión territorial en la zona. Según la entidad, recibieron el reporte de la presencia de las disidencias al mando de alias “Mordisco” quienes estarían actuando en alianza con el Clan del Golfo para enfrentar al ELN; además del anuncio del nuevo bloqueo armado de 72 horas fue anunciado por el ELN desde el próximo martes 18 de febrero hasta el viernes 21 de febrero. 

Hasta ahora, al menos 1.600 personas han sido afectadas por desplazamientos masivos y confinamientos en la región. En particular, preocupa la situación del pueblo Wounan, que en su mayoría permanece confinado, enfrentando graves restricciones a su movilidad y acceso a recursos básicos. 

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La Defensoría urge a las autoridades nacionales y locales a implementar acciones inmediatas que prioricen la protección de las comunidades afectadas y solicitan a la comunidad internacional mantener y fortalecer su apoyo a las iniciativas humanitarias y exigir el respeto a los derechos de las personas y comunidades en riesgo.