ELN amenazó a las comunidades indígenas de Antioquia con la siembra de minas antipersona, denunció la OIA

La organización indigéna de Antioquia, OIA denunció que recibieron amenazas por parte  del grupo guerrillero de ELN, en las cuales les advirtieron de  la reinstalación de minas antipersonales en el municipio de Murindó.

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La siembra de estos artefactos explosivos, tiene como objetivo parar una supuesta incursión paramilitar, que buscaría retomar el control armado y territorial de esta zona del departamento, explicó el líder indígena, William Pertúz, Consejero de Derechos Humanos y Paz de la OIA.

Las amenazas llegaron por presuntos integrantes del ELN, a través de un panfleto y audios de WhatsApp, que amenazaron a las comunidades del mencionado municipio del Urabá antioqueño, recordó el líder social

Estas amenazas se dan justamente cuando una mujer indígena del pueblo Embera Eyábida y su hija recién nacida, fallecieron en las últimas horas, luego de caer en un campo minado en la comunidad Bachidubi, del Resguardo Río Murindó del Municipio de Murindó, cuando se encontraba realizando tareas propias de agricultura. 

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Desde el año 2020 en los municipios de Dabeiba, Frontino Murindó y Cáceres, las minas antipersonales han dejado nueve personas fallecidas y cinco lesionadas. Las principales subregiones  afectadas por la siembra de campos minados son Bajo Cauca, Occidente, Norte, Atrato Medio y Urabá, informó La organización indigéna de Antioquia, OIA.

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Dos contratistas serán testigos clave en juicio ante la Corte contra Aníbal Gaviria

La Fiscalía General de la Nación determinó otorgarle principio de oportunidad a dos contratistas que aparecen involucrados en el proceso que hoy tiene bajo detención domiciliaria al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, por estar presuntamente implicado con irregularidades en la actividad contractual derivada con ocasión de las obras de mantenimiento y pavimentación de un tramo de la Troncal la Paz, entre La Cruzada- Caucasia.  

El principio de oportunidad fue concedido por el propio fiscal general Francisco Barbosa, a favor de José Ignacio Narváez Mora, quien era la persona que representaba el Consorcio Troncal de la Paz en las diferentes reuniones en las que se modificó el contrato y de Luis Fernando Solarte Viveros, contratista del contrato adicional, ambos por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.