Fiscalía investigará siete hospitales de Antioquia por cobros coactivos a empresas sociales del Estado

La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Fiscalía y a la Comisión Nacional de Disciplina Jurídica investigar cada uno de los casos en los que, presuntamente, representantes legales de las Empresas Sociales del Estado, han ordenado el cobro de dinero mediante la modalidad de embargo contra los recursos públicos de la seguridad social en salud. 

Dicha situación pone en el ojo del huracán a diferentes hospitales del país, entre ellos siete del departamento de Antioquia.

Entre los que se destaca la ESE Hospital María Auxiliadora de Chigorodó, la ESE Hospital Atrato Medio Antioqueño de Vigía del Fuerte , la ESE Héctor Abad Gómez San Juan de Urabá, la ESE Pedro Nel Cardona de Arboletes.

También la ESE Héctor Abad Gómez San Juan De Urabá, ESE La Anunciación de Mutatá, la  ESE Hospital Santa María de Santa Bárbara y ESE Hospital San Juan de Dios de Concordia.

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Frente a esta situación, Jairo Machuca, gerente de la ESE Hospital María Auxiliadora de Chigorodó, y quien es también presidente de Aesa, indicó que en efecto conoce los cobros coactivos por parte de varios hospitales, pero aclaró, que dichos cobros empezaron a surtir efecto antes del año 2023, justo cuando la procuraduría emitió una circular donde manifestaba que los hospitales no podían cobrar dineros mediante los cobros coactivos. 

Machuca recalcó que, una vez se conoció la circular, ninguno de los hospitales volvió a realizar cobros coactivos, por lo que solo adelantan procesos jurídicos a partir de las vías legales. 

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Por su parte, la Procuraduría General indicó que, "en marzo de 2023, el Ministerio Público expidió la Circular 002 suscrita por la Procuradora Delegada  para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social y el Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa dirigida a los representantes legales de las Empresas Sociales del Estado, a los jueces de la república y a las entidades bancarias mediante la cual se expusieron las disposiciones constitucionales y legales que imposibilitan el embargo de los recursos públicos de la seguridad social en salud, salvo a las expresas excepciones establecidas vía jurisprudencia constitucional y la inviabilidad de que las E.S.E adelanten procesos administrativos de cobro coactivo".

Sin embargo, el ente de control aseguró que tiene conocimiento que algunos jueces y representantes legales de los centros hospitalarios han hecho caso omiso de lo establecido en la ley y han continuado iniciando dichos trámites; además, han emitido providencias o actos administrativos, ordenando el embargo de los multimillonarios recursos de la salud administrados por las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y la Adres. 

Agregaron que, al parecer, algunos de ellos han procedido a amenazar con procesos judiciales y denuncias penales a las entidades bancarias que, acatando la normatividad vigente, se han rehusado a ejecutar las irregulares medidas de embargo.