Fundación pidió que Mancuso hable sobre la financiación de los grupos paramilitares en Urabá

Desde la Fundación Forjando Futuros, piden que se diga la verdad sobre quienes patrocinaron el paramilitarismo en la zona del Urabá, esto tras la citación de Salvatore Mancuso ante la JEP, para rendir testimonio sobre la violencia tanto en Urabá como en Córdoba. 

Al respecto se pronunció Gerardo Vega, abogado de la Fundación Forjando Futuros, según este el tema del paramilitarismo y la presencia de las FARC está demostrado, sustentado y argumentado en todas las jurisdicciones colombianas, sin embargo, falta saber la verdad sobre la financiación de estos grupos, así lo expresó el abogado Gerardo Vega: "lo que debe profundizarse allí es quiénes financiaron, el empresariado de esa región y de otras partes del país como Chiquita Brands, que pusieron dinero y que no han sido juzgados en Colombia".

Le puede interesar: Movilización de mineros en Antioquia: piden al Gobierno formalización del empleo y mayores garantías

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz llamó a diligencia de testimonio a Salvatore Mancuso Gómez en el marco del Caso 04, que investiga la situación territorial de Urabá. Con la información testimonial del antiguo jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la JEP busca profundizar información sobre hechos relacionados con las dinámicas de despojo y desplazamiento forzado en la zona de Tulapas, así como las alianzas de grupos paramilitares con sectores económicos y políticos en la región de Urabá. 

Le puede interesar: Gobernación de Antioquia destinará $46.000 millones para fortalecer la seguridad en zonas veredales

Mancuso Gómez también será indagado sobre el relacionamiento con miembros de la fuerza pública para la expansión del paramilitarismo.  

El Caso 04, que se ocupa de investigar crímenes cometidos en los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Dabeiba y San Pedro de Urabá, en el departamento de Antioquia, El Carmen del Darién, Riosucio, Ungía y Acandí, en el departamento del Chocó, y Valencia y Tierralta, en el departamento de Córdoba, en el periodo comprendido entre 1986 y 2016, y que fueron cometidos presuntamente por miembros de las Farc-EP, de la fuerza pública, terceros civiles y otros agentes del Estado.