
El Tribunal Internacional de Arbitramiento reveló que el Consorcio Ituango, conformados por las empresas Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa, no fue responsable del colapso de una de las galerías de desviación, registrada en el año 2018 en el megaproyecto Hidroituango.
"Este proceso arbitral fue iniciado por el Consorcio CCC Ituango en enero de 2021 con el propósito de aclarar las diferencias contractuales relacionadas con las obligaciones en la ejecución de las obras de la galería auxiliar de desviación del Proyecto Hidroeléctrico Ituango", aseguró el consorcio en un comunicado.
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De esta manera, el consocio resaltó la decisión que, según ellos, se sustenta bajo un rigor técnico y jurídico.
"Queremos resaltar el rigor técnico y jurídico con el que se llevó a cabo este proceso, que contó con la participación de reconocidos expertos en el ámbito de la ingeniería. Esta decisión reafirma la actuación íntegra del Consorcio CCC Ituango que, a lo largo de los años de ejecución de la obra, aportó toda su experiencia técnica, humana, social y ambiental para asegurar la culminación exitosa de la primera fase de este megaproyecto, que hoy garantiza la confiabilidad energética del país", agregó el Consorcio Ituango.
De acuerdo con el consorcio, la emergencia del año 2018 generó retos importantes para el proyecto.
"Esta contingencia, ajena a la voluntad del Consorcio, presentó desafíos inéditos en ingeniería y gracias a las capacidades de gestión del Consorcio, hoy EPM opera la mayor central hidroeléctrica del país", resaltó la entidad.
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En el acto de rendición de cuentas del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia, la entidad hizo importantes anuncios frente al estudio de riesgo por movimientos en masa que adelanta la Gobernación de Antioquia y la Universidad Nacional, sede Medellín.
Algunos de los avances de dicho estudio han revelado que el Valle de Aburrá es la subregión del departamento que presenta mayor riesgo por movimiento en masa, seguida del Suroeste, Occidente y Norte de Antioquia.
Desde el Dagran han manifestado que, aunque inicialmente se conoce este análisis, a futuro y gracias a una inversión de 1034 millones de pesos, será posible continuar analizando la vulnerabilidad física y socioeconómica de los territorios, buscando de alguna manera un impacto negativo en las comunidades