
Hallan toneladas de carne ilegal escondidas en cava de aluminio en matadero de Antioquia
La Policía Antioquia llevó a cabo un exitoso operativo de control y registro en el Eje Vial que conecta los municipios de Belmira y San Pedro de los Milagros. Durante el operativo, se logró la incautación de 3.020 kg de productos cárnicos ilegales, valorados en más de $60 millones de pesos.
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El procedimiento incluyó el hallazgo de 1.290 kg de productos cárnicos en una cava de aluminio dentro de una estructura de madera con techo de zinc. Simultáneamente, se incautaron 1.730 kg de productos cárnicos que eran transportados en un camión sin cumplir con los requisitos sanitarios vigentes establecidos por el Decreto 1500 de 2007, el cual establece el Reglamento Técnico para la Inspección, Vigilancia, Control de la carne y productos cárnicos destinados al consumo humano.
El coronel Mauricio Rico, encargado del operativo, destacó el compromiso de la Policía Nacional con la protección de la salud pública y aseguró que continuarán trabajando para combatir estas prácticas ilegales.
Los productos incautados fueron puestos a disposición de la Secretaría de Gobierno del municipio de Belmira para garantizar el cumplimiento de las normativas sanitarias.
La Policía Nacional también hizo un llamado a la comunidad para que colabore denunciando cualquier actividad sospechosa que pueda poner en riesgo la salud pública.
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JEP: "General (r) Santoyo no está aportando a la verdad"
Los magistrados correlatores del Subcaso Antioquia, en el Caso 08, Óscar Parra y Gustavo Salazar, de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, remitieron a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas el material probatorio que permite evaluar la posible apertura de un incidente de incumplimiento al general (r) Mauricio Santoyo, por no cumplir con sus compromisos del régimen de condicionalidad de aportar verdad plena, exhaustiva y detallada sobre los hechos en los que habría estado involucrado.
Según los magistrados Parra y Salazar, determinaron que el alto oficial ha incumplido reiteradamente sus obligaciones al negarse a esclarecer la dimensión y el alcance de su apoyo a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Esto, a pesar de que fue condenado en Estados Unidos por conspiración para proveer apoyo material y recursos a dicha organización terrorista.
“Santoyo ha evitado mencionar los actos concretos que llevaron a esa conducta delictiva, limitándose a señalar, de manera reiterada, que se trataba de una estrategia jurídica”, agregan que tampoco ha contribuido en el esclarecimiento de la desaparición forzada de Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES).
Igualmente, los magistrados Pedro Díaz y Mauricio García, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, advirtieron que el compareciente no ha brindado información sobre la conformación y operación de estructuras paramilitares como el Bloque ‘Cacique Nutibara’ y el Bloque ‘Metro’, a pesar de que múltiples testimonios en la justicia ordinaria lo vinculan con estas organizaciones.
Además, el compareciente no ha esclarecido su posible relación con bandas criminales como ‘La Terraza’ y ‘La Oficina’ en Envigado (Antioquia), limitándose a negarla, pese a la existencia de pruebas y testimonios que documentan su participación en actividades ilegales, incluido el uso indebido de inteligencia estatal.
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Santoyo Velasco fue vinculado por la Fiscalía General de la Nación como autor mediato de este crimen, calificado como de lesa humanidad. Además, según la JEP, no ha colaborado en el esclarecimiento de la grave situación de violencia y la incidencia criminal en Medellín (Antioquia), que derivó en múltiples crímenes, incluidos los de miembros de la fuerza pública, mientras ocupaba un alto cargo en la Dirección Nacional del Gaula.
El Caso 08 investiga los crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, u otros agentes del Estado, en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles durante el conflicto armado