Organizaciones de derechos humanos denunciaron el abandono del Estado en medio de la pandemia para proteger las comunidades rurales.
Las autoridades de Remedios avanzan la búsqueda de los responsables del homicidio de Mauricio Antonio Uribe, un comerciante de oro y miembro de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Carmen de este municipio del Nordeste de Antioquia.
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El campesino salió de su casa el pasado sábado 13 de junio a comprar oro en la zona urbana del municipio, pero no llegó a su destino, ni a su casa.
Preocupados por la ausencia, sus familiares iniciaron la búsqueda y encontraron el cadáver en descomposición, en la vereda Rancho Quemado ubicado a cuatro horas de la zona urbana, en el sector conocido como La Morra.
Carlos Morales Yordano, vocero de la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño, repudió el crimen y denunció que este año han sido asesinados tres campesinos en Remedios, en hechos aislados que están en completa impunidad.
Explicó el defensor de derechos humanos que, desde que se firmó el acuerdo de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc, se han aumentado los homicidios en Segovia y Remedios, situación que se agravó en medio de contingencia por el coronavirus porque el Estado dejó desprotegidas las comunidades rurales. Dijo además, que el campesino, Mauricio Antonio Uribe, no había denunciado amenazas en su contra.
Por su parte, el comando de la Policía Antioquia, informó que no hay pistas de los autores del crimen que estaría relacionados con el robo de sus pertenencias, porque en el momento de las diligencias del levantamiento del cadáver, la víctima no tenía su billetera con los documentos y el dinero que llevaba para comprar el oro. No se descartan otras hipótesis, advirtió la institución.
Recientemente, el Programa Social de Garantías exigió protección para los líderes sociales en Antioquia donde en lo corrido del año, han muerto a manos de violentos, 13 defensores de derechos humanos en diferentes poblaciones y otros cuatro se desplazaron con sus familias para proteger sus vidas.
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En este período se han reportado 21 amenazas individuales y 12 colectivas a líderes sociales por parte de grupos armados ilegales.
Fuente
Alerta Paisa
