Audiencia contra implicados en red de corrupción en la Contraloría General de Antioquia
Ese dinero se habría pagado para modificar las auditorías de la Contraloría General de Antioquia.
Johnny Andrés Jaramillo Marín, asesor jurídico de Briceño, al parecer pagó 30 millones de pesos para cambiar los hallazgos fiscales, penales y disciplinarios por administrativos, en las auditorías regulares que realizó la Contraloría General de Antioquia en ese municipio del Norte del departamento.
En la audiencia de imputación de cargos, la fiscal 28 seccional, adscrita a la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, aseguró que esos dineros habrían sido girados a la contratista particular Alejandra Catalina Ospina Ramírez, esposa del contralor auxiliar Dioner Andrés Ortiz Ossa.
Explicó la funcionaria que el ente investigador tiene suficiente material probatorio como las copias de las transacciones y las interceptaciones telefónicas, donde se estableció que de esos 30 millones de pesos, la mitad habría ido a parar al bolsillo del director de Corpobosques, Osman Roberto Castaño Giraldo, y la suma restante quedó en manos de su primo, el contralor auxiliar Gabriel Jaime Castaño Aristizábal, y de Ortiz Ossa, todos involucrados en el escándalo de corrupción.
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Al asesor jurídico de Briceño la delegada de la Fiscalía le imputó los delitos de prevaricato por acción y cohecho por dar u ofrecer, punibles que contemplan penas entre 48 y 144 meses de prisión. La funcionaria calificó la conducta como un “atentado contra la administración pública” de ese municipio.
Asimismo, el ente acusador formuló cargos contra Dioner Andrés Ortiz Ossa, contralor auxiliar, como presunto responsable de los delitos de prevaricato por acción, cohecho propio y falsedad ideológica en documento público, en hechos ocurridos tanto en Briceño como en San Carlos, entre el 2017 y 2018.
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Este martes continuará la diligencia judicial con la imputación al contralor general, Sergio Zuluaga Peña, y al finalizar la fiscal del caso formulará cargos a todos los procesados por el delito de concierto para delinquir.
Entre tanto, la defensa del subcontralor, Rubén Darío Naranjo Henao, confirmó que su cliente se presentará voluntariamente ante la Fiscalía para demostrar que las propiedades ocupadas con fines de extinción de dominio fueron adquiridas hace 15 años.
Fuente
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