La misión humanitaria, que hizo un recorrido de cuatro días por el Alto Baudó, identificó por lo menos siete vulneraciones al Derecho Internacional Humanitario que tienen como víctimas a 5.000 indígenas de esta zona de Chocó.
Rodeados por minas antipersonales que dejaron a un indígena gravemente herido y que fueron sembradas incluso en las escuelas, los pobladores de los resguardos están impedidos para recolectar sus cultivos.
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Victor Carpio, de la mesa interétnica del departamento, explicó que se están haciendo desplazamientos internos con el fin de protegerse entre los mismos integrantes de las comunidades.
Según Carpio, “aunque se habla de cinco comunidades afectadas, la verdad es que quienes están alrededor de ellas también están encerrados en sus casas por temor a lo que pueda pasar. Ellos se están desplazando entre comunidades, pero los receptores tampoco tiene cómo responder porque también están confinados”.
Monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de la Arquidiócesis Quibdó, señaló que la presencia de la fuerza pública no es suficiente para resolver la problemática, sobre todo cuando se han evidenciado actos de connivencia con integrantes de estructuras criminales.
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Monseñor Barreto manifestó que se debe “garantizar la misión de protección que debe ofrecer la fuerza pública, evitando las situaciones de connivencia que se dan entre integrantes de la fuerza pública y actores ilegales en el Alto Baudó y otros municipios del Chocó”.
Además de los confinamientos y abandonos obligados de sus territorios, las comunidades indígenas padecen por el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes.
Los integrantes de la comisión humanitaria advirtieron que esta situación no es exclusiva del Alto Baudó y aseguran que se puede extender por todo el territorio chocoano.