Población de Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño
Población de Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño.
RCN Radio
17 Dic 2020 06:54 PM

Piden al Gobierno decretar al Bajo Cauca antioqueño como zona de crisis humanitaria

Paola
Agredo Tapias
Defensores de Derechos Humanos recuerdan que en esta subregión, en la última década, se han perpetrado 12 masacres.

La ONG Nodo Antioquia y el Proceso Social de Garantías a Defensores de Derechos Humanos de Antioquia le solicitaron al presidente Iván Duque y al gobernador Aníbal Gaviria, que decreten al Bajo Cauca como zona de crisis humanitaria, y se establezcan todas las acciones para proteger la vida de las poblaciones de esta subregión del departamento. 

Óscar Yesid Zapata, vocero de la ONG Proceso Social de Garantías, manifestó que en esta zona de Antioquia se siguen disputando el control los grupos armados organizados Autodefensas Gaitanistas de Colombia y ‘Los Caparros’, y cuestionó al jefe de Estado y al mandatario departamental por, según él, tener un interés en mantener el escenario de violencia y conflicto, al no haber intención de acabar con el fenómeno paramilitar. 

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Añadió que los seis municipios que conforman el Bajo Cauca están en alto riesgo. "Dadas estas circunstancias queremos exigir todos los mecanismos legales para que sea decretado al Bajo Cauca como zona de crisis humanitaria por los constantes riesgos y consumación recurrente de los mismos", indicó.

Dijo además que "nuevamente responsabilizamos al Gobierno de Iván Duque, a la Gobernación de Antioquia y las demás autoridades por no atender las responsabilidades constitucionales, no brindar las garantías de seguridad a la población, no realizar acciones encaminadas a la prevención, protección y las Garantías de no repetición de la violencia en este territorio, el departamento y el país".

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Zapata afirmó que en la última década, de las 23 masacres en Antioquia, 12 ocurrieron en el Bajo Cauca, además, se siguen presentando desapariciones forzadas y torturas, y la vida de los líderes sociales está en constante riesgo. 

Dijo además que es evidente la desatención a las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, y a las mismas denuncias de la población civil.