Por muerte de joven que fue obligado a tragarse 30 bazucos, condenan al Estado

En un acto repudiable ocurrido hace más de cuatro años, en el centro de la capital antioqueña, el patrullero de la Policía Metropolitana, Jorge Mauricio Torres, obligó al joven Juan David Osorio Rodas a ingerir 30 papeletas de bazuco que tenía en su poder. Por estos hechos, el Estado tendrá que pagar una indemnización económica a la familia de la víctima.

El fallo fue proferido por el Juzgado Quinto Administrativo de Medellín, que condenó a la Nación, representada en el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, por los perjuicios morales y materiales causados con el fallecimiento de Osorio Rodas. 

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En la demanda de reparación, el fallador también le ordenó a la Policía, pedir excusas en un acto público como medida restaurativa, a lo cual no accedió la institución, pese a que la madre del joven sufre un trastorno de adaptación por la pérdida de su hijo.

Juan David Osorio Rodas, de 19 años de edad, quien hacía domicilios en un restaurante y vendía estupefacientes, fue detenido por dos agentes de la Policía, el 23 de enero de 2015, cuando transportaba 30 papeletas de base de coca, en una bolsa.

Para el registro, los uniformados trasladaron al joven hasta el CAI, ubicado en el Parque Bolívar. Allí, de acuerdo con el testimonio  que entregaron de dos mujeres a la Fiscalía, un patrullero lo intimidó para que se comiera el bazuco con el empaque y luego lo dejó ir, sin reportar la detención.

El joven fue hasta el restaurante donde trabajaba, le contó lo sucedido a la administradora y luego se desmayó, por lo que fue llevado de urgencia a una clínica del sector.

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El joven falleció por un paro cardiorespiratorio "ocasionado por intoxicación con cocaína", de acuerdo con el dictamen de Medicina Legal.

Con la versión de Juan David y de  los testigos, la familia interpuso una denuncia penal contra el patrullero Jorge Mauricio Torres, quien en su defensa alegó que el joven ingirió el alucinógeno por su propia voluntad. En primera instancia el uniformado fue absuelto, pero el 19 de julio de 2017, el Tribunal Superior de Medellín revocó el fallo, y lo condenó a 10 años de prisión por el delito de homicidio preterintencional.