Policías asegurados en Medellín.
Tras ser capturados, los uniformados intentaron ingresar celulares a sus sitios de reclusión temporal, en una de las sedes de la Fiscalía.
A la cárcel fueron enviados un suboficial y cinco patrulleros de la Policía, quienes son investigados por presuntamente secuestrar a dos expendedores de estupefacientes en el centro de Medellín, para luego exigir dinero a cambio de su liberación y no vincularlos a procesos penales.
Según la investigación, entre el 30 junio de 2017 y el 15 de febrero del 2018, los uniformados habrían capturado en flagrancia a dos conocidos coordinadores de plazas de vicio en ese sector de la ciudad en posesión de considerables dosis de droga, y luego les exigían sumas entre los 3 y 5 millones a cambio de dejarlos libres.
Los hoy procesados fueron identificados como el intendente Ferley Antonio Grajales Quiroz y los patrulleros Sammy José Taboada Torres, Cristian Fernando Vergara, Jhon Fredy Peñaranda Mendoza, alias ‘el Ladrón’; Adinson Robledo Torres y Francisco Antonio Castañeda Mejía, quienes fueron imputados por secuestro extorsivo agravado, falsedad ideológica en documento público y peculado por uso.
Adriana Villegas Arango, asesora de la Dirección Seccional de Fiscalías de Medellín, indicó que lo más delicado de la situación es que las personas secuestradas, en la mayoría de los casos, debían ser judicializados pero nunca fueron puestos a disposición de los fiscales.
"Esas personas retenidas muchas veces eran personas que debían ser judicializadas, pero que no se pusieron a disposición de los fiscales a quienes correspondía realizar la investigación correspondiente", indicó la funcionaria.
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De acuerdo con las declaraciones de testigos y de víctimas, los uniformados, aparte de exigir el dinero, en ocasiones se habrían quedado con parte de los estupefacientes incautados.
Otro de los casos investigados está relacionado con la retención ilegal de un mensajero, que al parecer transportaba marihuana en una motocicleta. Según las autoridades, a la víctima le fueron retenidos sus documentos y la moto en la que se movilizaba mientras conseguía la suma de un millón 500 mil pesos, para luego devolverle sus propiedades.
Los investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, establecieron que los policiales, adscritos a los Comandos de Atención Inmediata (CAI) del barrio Boston, la Plaza Minorista y el Parque de Bolívar, habrían alterado los libros de población de la institución, y así evitar los seguimientos judiciales.
Tras las audiencias preliminares, cuatro de los seis uniformados fueron sorprendidos cuando trataban de ingresar celulares a la sala de paso de la sede Caribe de la Fiscalía, donde estaban detenidos preventivamente. Los teléfonos móviles fueron confiscados y el juez de garantías legalizó la incautación.
La medida de aseguramiento contra los uniformados fue impuesta por el Juzgado 32 Penal Municipal, con funciones de control de garantías de Medellín. La defensa apeló la decisión.
Fuente
Sistema Integrado de Información
