A prisión, exempleado de la Unidad de Víctimas por estafa a usuarios de Cisneros, Antioquia

Entre 200 mil y 400 mil pesos para “tomar el fresco”, exigía al parecer, Adrián Hernando Echeverry, empleado de la Unidad Nacional para la Atención y Reparación a las  Víctimas, a los usuarios de la entidad en el municipio de Cisneros, Nordeste antioqueño, supuestamente con el fin de agilizar los trámite para reclamar las indemnizaciones. Un juez lo aseguró en la cárcel.

La directora Seccional de Fiscalías de Antioquia, Ángela María Bedoya Vargas, dijo que de acuerdo con los investigadores  judiciales, en los casos de desplazamiento forzado, los sobrevivientes del conflicto recibían un auxilio  de urgencia por la suma de 429 mil 682 pesos, pero el procesado les exigía 200 mil pesos cuando les hacían el desembolso.  Otras víctimas beneficiadas con un millón  700 mil pesos, eran presionados indebidamente para que le entregara 400 mil pesos cada una.

Lo más grave, según la directora de fiscalías es que Adrián Hernando Echeverry, una vez fue separado del cargo, se apropió de un computador con toda la información de las bases de datos oficiales para poder contactar y presionar a los usuarios con los cobros ilegales.

Le puede interesar: A punto de viajar a la luna de miel, mujer descubrió que su esposo la había cargado con cocaína

El procesado no se allanó a los cargos imputados por el delito de concusión, esto es, porque en calidad de servidor público, estaría haciendo cobros indebidos para hacer trámites propios de sus funciones.

En los tres años que laboró en la oficina de la Unidad de Víctimas, Adrián Hernando Echeverry, habría estafado a por lo menos 300 usuarios.

Lea también: ¡Insólito! Un gallo irá a juicio por cantar demasiado temprano

La directora Seccional de Fiscalías de Antioquia, Ángela María Bedoya Vargas, reiteró que las diligencias para las reclamaciones ante la ante la Unidad de Víctimas son gratuitas y no necesitan intermediarios. La funcionaria hizo un llamado a los usuarios para que no entreguen dinero a terceras personas y mucho menos, a empleados de la entidad.

En Antioquia, más de 4 mil sobrevivientes del conflicto han sido estafados por redes de “tramitadores” y abogados, quienes les exigen un alto porcentaje de las indemnizaciones, a cambio de agilizar los desembolsos. A otras personas, las convencen para que se hagan pasar por víctimas para apropiarse de la reparación económica que les entrega el Gobierno.