Procuraduría abrió indagación previa por posibles incumplimientos en la entrega del PAE en Urabá

Después de la denuncia realizada por un periódico local, donde afirmaban que 170 hogares comunitarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar estuvieron 8 días sin recibir paquete alimentario y que la asociación María Auxiliadora, el operador a quien el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar entregó el contrato por $ 5.300 millones de pesos no tiene con qué responder a sus obligaciones y está buscando a quien cederle el contrato, pero aún no lo ha encontrado, la Procuraduría General de la Nación informó que abrió indagación previa contra los servidores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por establecer, por posibles incumplimientos en la entrega del Programa de Alimentación Escolar (PAE) a 2.210 niños y niñas del Urabá antioqueño.   

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Además, aseguró que la asociación María Auxiliadora debía asegurar hasta el 31 de octubre de este año la alimentación de 936 niños en Apartadó, 845 en Chigorodó, 286 en Vigía del Fuerte, 65 en Murindó, 52 en Mutatá y 26 en Carepa, y que recientemente sus cuidadoras estuvieron en paro por atrasos en sus pagos. 

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El ente de control indicó que la directora regional del ICBF reconoció que, "aunque el operador ha incumplido el contrato y ha manifestado querer terminarlo, no es prudente aceptar esta terminación dado que por asuntos administrativos y jurídicos sería perjudicial para la atención de los niños y de las madres comunitarias".   

Asimismo explicó que "entre las pruebas solicitadas por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Apartadó al ICBF está un informe detallado sobre la ejecución del contrato que, al parecer, suscribió con la Asociación María Auxiliadora". 

Recientemente la Procuraduría General de la Nacional se encuentra adelantando sus respectivos procesos en el municipio de Yondó, Magdalena Medio antioqueño por irregularidades en la entrega del Programa de Alimentación Escolar (PAE).