Tres subregiones de Antioquia se verían impactadas tras el anuncio del ELN de continuar con los secuestros extorsivos

Luego del anuncio hace tres meses de la suspensión de los secuestros extorsivos con fines económicos, el ELN informó este lunes 6 de mayo, que volverá a los mismo, asegurando que se daría porque el Gobierno Nacional no ha cumplido con la creación del Fondo Multidonante establecido en el Acuerdo número 26.  

Además, aseguraron que el Estado ha mostrado poca voluntad para avanzar con el fondo, así mismo, los delegados del Gobierno afirmaron que de ninguna manera fue creado como contraprestación a la suspensión del secuestro o la interrupción de otra acción específica incluida en el cese al fuego.  

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Es por esto, que defensores de derechos humanos del departamento rechazaron este anunció y mostraron su preocupación por los actos que puedan cometer en contra de la población civil.   

Oscar Yesid Zapata, defensor de los derechos humanos de la Fundación Sumapaz, manifestó que el Estado debe estar alerta para mitigar cualquier hecho que pueda terminar violando el derecho internacional humanitario. 

"Territorios donde ampliamente es conocida la presencia de este grupo armado, principalmente en subregiones como el Norte, Nordeste y el Bajo Cauca", argumentó Oscar Yesid Zapata.

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Carlos Zapata, presidente del Instituto Popular de Capacitación afirmó que retomar los secuestros es una práctica censurable proscrita tanto en el derecho internacional humanitaria como en las normas internas y no es una justificación para retomar estos actos ilegales.

"Y no generar estos retrocesos en las negociaciones, esto del secuestro debe ser un tema ya superado. Antioquia no ha sido uno de los departamentos más afectados por el ELN, pero lamentablemente en zonas como el Norte, Nordeste, Bajo Cauca y el Atrato medio puede haber población en riego", explicó Carlos Zapata.

Desde el Gobierno también argumentaron que siempre le han dejado claro al ELN que el comercio con seres humanos no tiene ninguna clase de justificación y su eliminación no es objeto de ninguna transacción por parte del Estado colombiano.