Tribunal de Antioquia admitió tutela que busca la libertad y la restitución en el cargo del gobernador, Aníbal Gaviria

La Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia admitió la tutela contra la Fiscalía General de la Nación y la Presidencia de la República, para que se derogue la medida de aseguramiento privativa de la libertad de  Aníbal Gaviria Correa y pueda retomar sus funciones como gobernador del departamento, investigado por presuntas irregularidades en la celebración de un millonario contrato.

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Con la acción judicial el demandante, Néstor Alejandro Gallego Gaviria, busca la protección de los derechos fundamentales a elegir y ser elegido, al debido proceso y los derechos públicos, posiblemente vulnerados por las entidades demandas.

El magistrado, Edilberto Antonio Arenas Correa, admitió la tutela, pero negó la medida provisional de la revocatoria de la resolución mediante la cual el presidente, Iván Duque Márquez suspendió en el cargo al mandatario seccional. Consideró el tribunal que no cumple con los requisitos de urgencia para conceder tal petición.  

Gallego Gaviria tiene dos días para aportar las pruebas con las que pretende demostrar que le fueron vulnerados los derechos al gobernador, Aníbal Gaviria Correa.  

Precisamente, el mandatario está a la espera de la respuesta de la Corte Suprema de Justicia, a la solicitud de nulidad de la medida de aseguramiento de detención domiciliaria que fue notificada por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, el pasado viernes 5 de junio.

La decisión fue calificada como desproporcionada, injusta y arbitraria por parte del gobernante, quien se declaró inocente y dijo que confía en la justicia.

De acuerdo con el jefe del ente investigador, Gaviria Correa habría incurrido en los delitos de la celebración de contratos sin los requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, cuando fue gobernador en el período 2004- 2007.

Los hechos cuestionados por la Fiscalía tienen que ver con las adiciones presupuestales por casi 29 mil millones de pesos al contrato inicial por un valor superior a los 41 mil millones de pesos para la Troncal de la Paz en el tramo Caucasia-Puerto Berrío.

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Aclaró la Fiscalía, que si bien Gaviria Correa, quien es el representante legal del departamento y el ordenador del gasto,  no firmó el contrato, ni las adiciones, tendrá que responder penalmente, porque al parecer, no realizó la labor de vigilancia a los funcionarios que delegó para esa función.