Víctimas del conflicto armado en Urabá temen prescripción del proceso que se adelanta en Colombia con Chiquita Brands

Según indicaron las víctimas del conflicto armado que llevan esperando hace algunos años la reparación por parte de Chiquita Brands y Banacol, empresas vinculadas al financiamiento de grupos paramilitares en Urabá, el proceso legal podría prescribir el 17 de septiembre de 2025, lo que significaría que, si no se toman medidas adicionales, las acciones legales en contra de las personas vinculadas podrían finalizar debido al paso del tiempo.  

Gerardo Vega, abogado de la Fundación Forjando Futuros, aseguró que este proceso ha sido lento, y explicó que en septiembre de 2019 quedó en firme la resolución de acusación y la pena que podrían enfrentar las personas vinculadas a este caso sería de hasta 12 años, quedando en seis años, lo que significaría que este 2025, podría prescribir el proceso.

"Prescribe el procedimiento, así no prescriba el delito, quedaría nuevamente la posibilidad de cortes internacionales, pero una persona aquí no puede estar eternamente sin que se le defina la situación jurídica, tienen que definirle la situación jurídica. Lo que ha pasado es que se han utilizados mecanismos para dilatar y los jueces y la administración de justicia lo ha permitido con recursos, procedimientos, con suspensión de audiencia, con llamar a pruebas innecesarias", dijo el abogado Vega. 

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Además, manifestó que, en el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Antioquia, se adelanta el juicio contra diez exdirectivos de Chiquita Brands por los pagos sistemáticos que la compañía habría entregado a estas estructuras armadas para su fortalecimiento.  

Cabe resaltar que el caso de Chiquita Brands en Colombia es un ejemplo emblemático de la complejidad y las consecuencias de operar en zonas de conflicto armado. Entre 1997 y 2004, Chiquita Brands International realizó pagos por más de 1,7 millones de dólares a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La empresa durante el proceso justificó estos pagos como necesarios para proteger a sus empleados y las operaciones en esta subregión.  

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El 10 de junio de 2024, un tribunal en Florida, Estados Unidos, dictó un veredicto histórico en el que se responsabilizó a Chiquita Brands de la violación de derechos humanos de las víctimas y ordenaron reparar a los familiares de ocho víctimas colombianas asesinadas por las AUC. 

Recordemos que este grupo paramilitar es señalado de cometer numerosas acciones en contra de la población civil, incluyendo asesinatos, masacres, torturas, desapariciones y desplazamientos forzados.  

Las personas vinculadas al proceso son:    

- Charles Dennis, gerente de C.I. Banadex desde 1990 a 2000 

- Reinaldo Elías Escobar de la Hoz, abogado de C.I. Banadex e integrante de su junta directiva desde 1995 a 1998. 

- Víctor Julio Buitrago Sandoval, jefe de seguridad de Banadex S.A. 

- John Paul Olivo, contralor de Banadex desde 1996 a 2001; y su sucesor Fuad Alberto Giacoman Hasbún.  

- José Luis Valverde Ramírez, gerente general de C.I. Banadex entre 2000 y 2002 

- Álvaro Acevedo González, quien tuvo ese mismo cargo, pero en Banadex S.A.  

- Víctor Manuel Henríquez Velásquez, presidente ejecutivo de C.I. Banacol S.A. 

- Jorge Alberto Cadavid, vicepresidente financiero de C.I. Banacol S.A 

- Javier Ochoa Velásquez, gerente de producción de C.I. Banacol S.A.