Senador Armando Benedetti.
Estos operativos de embargo se originaron de una compulsa de copias de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema.
Agentes especiales del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía con apoyo del Ejército Nacional, embargaron ocho inmuebles ubicados en Bogotá, Puerto Colombia (Atlántico) y Villavicencio (Meta), pertenecientes a Armando Alberto Benedetti Villaneda, Rubi Corredor Ruiz, Paola Andrea Lasso Corredor y Luis Alberto Nicolella de Caro.
En desarrollo de las labores judiciales adelantadas por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación también fueron afectados con medidas cautelares de 100 millones de pesos, al parecer correspondientes a un leasing financiero contratado por Benedetti Villaneda.
De acuerdo con los peritos del CTI los predios afectados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro están valorados en más de 8.000 millones de pesos, lo que evidenciaría un posible incremento patrimonial injustificado.
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La Fiscalía señaló que estos operativos de embargo se originaron de una compulsa de copias ordenada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en el marco de una investigación adelantada en contra del congresista Benedetti.
Los fiscales recibieron información suministrada por la DIAN que permitió establecer que el congresista Benedetti Villaneda presenta patrimonios por justificar para los períodos 2009, 2014, 2016 y 2017.
Según las autoridades, con los elementos de prueba recolectados se evidenció que presuntamente Benedetti realizó maniobras fraudulentas para incorporar a su patrimonio dineros que no ha podido justificar.
A estas acciones se habría sumado Ruby Corredor Ruiz, a nombre de quien figura un inmueble por 1.600 millones de pesos, que fue enajenado en proceso de subasta por la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), para la época en la que dicha entidad era investigada por los entes de control tras actuaciones irregulares que afectaron las finanzas de la administración pública.
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De esta manera, la medidas cautelares se impondrán sobre tres lotes ubicados en Puerto Colombia (Atlántico), adquiridos por la cónyuge del Senador, respecto de quien se identificaron incrementos patrimoniales injustificados en la misma época de adquisición de tales bienes; así como otros inmuebles ubicados en la ciudad de Bogotá y Villavicencio (Meta), en cabeza de la señora Ruby Corredor Ruiz y su hija.
Todos estos bienes pasarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales para su administración y custodia.
Fuente
Sistema Integrado de Información
