Avanza en el Congreso iniciativa para que estudiantes de estratos 1,2 y 3 no paguen derechos de grado

En la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes fue aprobado por unanimidad en primer debate, el proyecto de ley que pretende regular los derechos de las instituciones de educación superior en el país. 

De acuerdo con el representante a la Cámara Víctor Manuel Ortiz, autor de la iniciativa, su aprobación “es un gran alivio para los estudiantes de educación superior. Muchos estudiantes de manera injustas han tenido que aplazar sus grados por falta de recursos para el  pago  de los derechos del mismo”. 

"Ustedes padres de familia de estratos 1,2 y 3 la universidades no les podrán cobrar ni un peso. Asimismo le estamos poniendo un freno a las universidades en cobro en certificaciones. Estamos garantizando el derecho a la educación", dijo el representante. 

En ese contexto, el congresista Aquileo Medina, ponente de la iniciativa aseguró que “este proyecto tiene un objetivo claro y es regular los costos en derechos de grado que pagan los estudiantes para terminar su ciclo educativo. Se busca encaminar y cerrar brechas y permitir el acceso real a la educación superior”. 

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El proyecto que pasa a segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes establece que “los derechos de grado, el costo se establecerá conforme a los siguientes criterios: Se exonerará del pago a los estudiantes de los estratos 1, 2 y 3, para los estudiantes del estrato 4, 5 y 6 el costo no podrá superar el 18% del salario mínimo legal vigente”. 

Además fija que “en ningún caso podrá negarse ni posponerse la graduación de quien haya cumplido todos los requisitos académicos y sólo tenga a su cargo obligaciones pecuniarias para con el centro de estudios superiores estatales u oficiales, sin perjuicio de las garantías civiles a que legalmente haya lugar”. 

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finalmente señala que "todas las Instituciones de Educación Superior deberán implementar una plataforma para que los estudiantes puedan acceder y descargar, de forma gratuita, a la certificación de las prácticas laborales desarrolladas dentro de su programa académico.

A la iniciativa le restan tres debate en el Congreso para ser Ley de la República.