Capturado el general Jorge Romero, mencionado en escándalo del Ejército

La Fiscalía General de la Nación capturó al general Jorge Romero, mencionado en el escándalo del Ejército Nacional. La decisión está motivada en los actos ilícitos que se habrían cometido en la Brigada que tuvo a su cargo.

La indagación tiene raíz en la captura de un civil, en 2017, al que sorprendieron transportando insumos para la producción de cocaína en un vehículo adscrito a la Cuarta Brigada. Según fuentes, el capturado era familiar de la secretaria privada del teniente Harold Felipe Páez Roa quien, según la Fiscalía, amañaba procesos contractuales de la Brigada a petición del general Romero y cobraba un 10% de comisión por adjudicaciones.

Páez Roa, excomandante del Batallón de Servicios No 4, fue capturado el pasado 23 de julio, junto a otros cuatro militares y cuatro representantes de las empresas que se beneficiaron de los contratos que, presuntamente, manipulaba Romero: Distrologística, Infante y Motovehículos.

El general Jorge Romero también está mencionado en el caso de corrupción en el Ejército, que motivó decisiones del Ministerio de Defensa el 9 de abril pasado. En ese momento, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, tomó la decisión más drástica desde que asumió el cargo, el pasado 7 de agosto, al anunciar las primeras sanciones por el escándalo de corrupción que investigan la Fiscalía y la Procuraduría.

En primer lugar se decidió llamar a calificar servicios al general Jorge Romero Pinzón, comandante de Acción Integral del Ejército, a quien la Fiscalía investiga por posibles malos manejos de presupuesto que suman cerca de 1.000 millones de pesos, el mismo que ahora está siendo detenido.

El hecho, que fue divulgado por la revista Semana el pasado 7 de julio, ocurrió cuando Romero era comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, con sede en Medellín, y el dinero que debía ser utilizado en el mantenimiento de los vehículos de la institución fue desviado, al parecer, con la complicidad de "otros altos oficiales a su cargo".

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Otro de los investigados es el segundo comandante del Ejército, general Adelmo Fajardo, quien "ha solicitado vacaciones para preparar su defensa a las acusaciones que pesan sobre él y le han sido concedidas", explicó Botero. En su artículo, Semana sostuvo que los subalternos de Fajardo denunciaron que cuando era el jefe del Comando de Educación y Doctrina del Ejército, entre 2016 y 2017, tenían que darle dinero del presupuesto oficial para sus gastos personales.

Botero agregó que la decisión también afecta al jefe del Comando de Apoyo de Contrainteligencia, general Eduardo Quiroz, señalado de haber ofrecido a la tropa recompensas para que delataran a quienes han filtrado información a la prensa relacionada con los casos de corrupción y ejecuciones extrajudiciales, conocidos en el país como "falsos positivos".

Por ello, Quiroz "será trasladado a una dependencia del Ejército mientras se resuelve su situación, bien sea administrativa o bien disciplinaria, pero previa coordinación con el procurador general de la nación", que abrió investigaciones a los tres generales, precisó entonces el ministro de Defensa.

Los recientes escándalos en el Ejército colombiano comenzaron el pasado 22 de abril con el asesinato del exguerrillero de las Farc Dimar Torres, crimen ocurrido en Convención, municipio que hace parte de la convulsa zona del Catatumbo, fronteriza con Venezuela. Botero manifestó entonces que Torres falleció al recibir un disparo accidental de un miembro del Ejército, pero la comunidad de la zona aseguró que se trataba de un "falso positivo".

En medio de la polémica, Botero cambió su versión y confirmó que se trató de un "homicidio" cometido por el cabo Daniel Gómez, quien fue detenido, mientras que uno de sus superiores, el coronel Jorge Armando Pérez Amézquita, fue vinculado a la investigación por supuesto "encubrimiento".

Otro encubrimiento fue el del coronel Elkin Alfonso Argote, jefe de Estado Mayor del Comando de Reclutamiento y Control, quien el 30 de junio fue destituido del cargo tras descubrirse que daba protección a Miguel Antonio Bastidas, alias "Gárgola", jefe de la banda criminal "La Constru", dedicada al narcotráfico.

Sin embargo, el caso más grave fue el destapado por el diario estadounidense The New York Times que el 25 de mayo dio a conocer una directriz operacional del Ejército que podría dar pie a "otra encarnación" de los "falsos positivos", lo que provocó un nuevo escándalo en el estamento militar.

En ese momento saltaron las alarmas toda vez que el país recordó que la Fiscalía ha investigado cerca de 5.000 crímenes cometidos por militares que asesinaban civiles y luego los presentaban como guerrilleros abatidos en combate para lograr premios y permisos de sus superiores. Por esas ejecuciones extrajudiciales, que fueron cometidas entre 1988 y 2014, hay 1.500 militares implicados.

Ante la gravedad de las acusaciones el comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, se vio en la obligación de retirar la directriz alegando que hubo una "mala interpretación" por parte de personas ajenas a la tropa con respecto a la cuestionada orden.

A pesar del escándalo, el pasado 13 de junio el ministro Botero superó en el Congreso una moción de censura por su presunta responsabilidad en la directriz y la falta de acciones para frenar el asesinato de líderes sociales y exguerrilleros de las Farc, mientras que el Senado aprobó por amplia mayoría el ascenso de Martínez a general de cuatro soles.