Choque de trenes por la reforma a la justicia que está revisando la Corte Constitucional

La Corte Constitucional tiene en sus manos decidir si le da visto bueno al articulado de la reforma a la justicia que aprobó el Congreso de la República el año pasado.

En medio de ese debate,  se ha presentado un choque de trenes entre el Consejo Superior de la Judicatura y la Procuraduría General de la Nación.

Mientras el Consejo Superior se opuso a la aprobación del articulado sobre la reforma a la justicia porque considera que sus norman violan la independencia y la autonomía judicial; la Procuraduría dice que el articulado no tiene ninguna irregularidad.

Para el Consejo Superior de la Judicatura, la reforma a la justicia creada en el Congreso elimina la independencia de la Rama Judicial porque elimina sus competencias como órgano de gobierno judicial llamando al clientelismo en la justicia. 

“Despoja al Consejo Superior de la Judicatura de su función específica de gobierno (…) contraviene los principios de autonomía, neutralidad e imparcialidad del modelo de autogobierno y administración de la Rama Judicial, generando, además, alto riesgo de clientelismo”, se lee en el concepto.

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Mientras que la Procuraduría dice que esas modificaciones no violan la Constitución de 1991 y al contario se empieza a considerar a la justicia como un servicio público esencial.

“Se considera ajustado al ordenamiento superior el establecimiento de mecanismos adicionales que refuercen la protección de los derechos fundamentales”, dice la Procuraduría.

Pero no solo el concepto que entregó el Consejo Superior choca con lo que piensa la procuradora Margarita Cabello Blanco, sino también la Corte Suprema de Justicia.

En un concepto enviado por el presidente de esa Corte, el magistrado Luis Antonio Hernández, pidió tumbar varios artículos de la norma porque considera inconstitucional que le den más dientes a la Fiscalía General de la Nación; la segunda pide aprobar todo el articulado teniendo en cuenta que la convierte en una Alta Corte.

Por su parte, la Comisión de Disciplina Judicial celebró que la reforma a la justicia los reconozca como una Alta Corte.

“Consideramos importante que se conciben verdaderas garantías procesales (…) garantizando el acceso a la doble instancia, doble conformidad e igualdad a los procesados”, dice la Comisión en un concepto enviado a la Corte Constitucional.

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Más adelante dice “consideramos que la reforma a la justicia es necesaria y hace parte de la modernización del Estado, pues es una de diferentes herramientas que coadyuva la devolución de la confianza de los ciudadanos en el sistema de administración de justicia”.